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La Corte Suprema de Justicia confirmó la elección de Luz Adriana Camargo como fiscal general para el período 2024-2028.
Lo anterior, luego de estudiar los documentos presentados por la fiscal electa que confirman que no tiene ninguna inhabilidad vigente que le impida posesionarse en el cargo.
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Esta confirmación llega después de que la Sala Plena de ese tribunal, eligiera el pasado 12 de marzo a Luz Adriana Camargo como líder del ente acusador con un total de 18 votos a su favor.
Tras esta decisión, Camargo podrá posesionarse como fiscal general ante el presidente Gustavo Petro, evento que está programado para realizarse este viernes en horas de la noche, por lo que podrá empezar a ejercer sus funciones en los próximos días.
Actualmente hay un proceso que está pendiente por resolverse, pues el Consejo de Estado no aceptó una demanda contra la elección de la nueva fiscal, argumentando que la terna que fue votada por la Corte Suprema no estaba completa por la renuncia de Amelia Pérez.
El documento de la Sección Quinta explicó que los demandantes hicieron referencia a tres medios de control diferentes para pedir la nulidad de la elección y que en ese sentido, debía devolverse el escrito para que fuera corregido y presentado nuevamente.
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Los accionantes presentaron el recurso argumentando que la renuncia de Amelia Pérez momentos antes de empezar la sesión de Sala Plena, afectó el proceso de votación que adelantaron los magistrados.
También señalaron que dicha renuncia representó que hubiese una terna de solo dos candidatas y que en ese sentido, la Corte Suprema debió esperar a que fuera compuesta una nueva terna para adelantar de nuevo la elección.
"Sostuvieron que ante la renuncia de la señora Amelia Pérez Parra, el Presidente de la República debía reemplazarla con el fin de que la Corte Suprema de Justicia adelantara la elección con la terna completa", cita uno de los aparte del documento del Consejo de Estado.
Entre otros argumentos, la demanda mencionaba que la terna compuesta solo por mujeres violaba la igualdad de género, afirmando que se registró una "discriminación" contra el sexo masculino.
Los magistrados del Consejo de Estado otorgaron un plazo de tres días para que los accionantes corrijan los errores detectados en la demanda y vuelvan a presentar el escrito para ser estudiado por la Sección Quinta.
