Corte Suprema acusa al congresista Alberto Cerchiaro por presuntas irregularidades en contrato ambiental

El representante a la Cámara iría a juicio por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos, entre otras conductas.
Jorge Alberto Cerchiaro
La Corte Suprema de Justicia acusó formalmente al Representante a la Cámara, Jorge Alberto Cerchiaro Figueroa por las conductas de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación cuando fue alcalde del municipio de Barrancas, en el departamento de la Guajira entre los años años 2016 y 2019. La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia lo señaló por haber firmado presuntamente, un contrato que tenía como fin reforestar la rivera del río Ranchería, contrato que se habrían celebrados entre el municipio y las sociedades de Alumbrado Público de Barrancas S.A.S, el cual se habría adjudicado 'irregularmente' donde se habría pagado cerca de 500 millones de pesos. Específicamente este contrato iría a la plantación de árboles donde eventualmente se iban a beneficiar muchos campesinos cercanos al río Ranchería en La Guajira, objetivo que se cuestionó ante la la Sala de Instrucción, despacho del magistrado César Reyes Medina una vez fueron practicadas algunas pruebas que evidenciaron que aparentemente, no hubo reforestación tras haberse suscrito el contrato para este proyecto por más de 1.700 millones de pesos. Por estas conductas, el congresista del partido Colombia Renaciente, iría a juicio ante la Corte Suprema de Justicia pero mientras tanto se mantendrá en libertad según la alta corporación. Crédito: Foto prensa - Cámara de Representantes

La Corte Suprema de Justicia acusó formalmente al Representante a la Cámara, Jorge Alberto Cerchiaro Figueroa, por las conductas de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación cuando fue alcalde del municipio de Barrancas, en el departamento de la Guajira entre los años años 2016 y 2019.

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia lo señaló por haber firmado presuntamente un contrato que tenía como fin reforestar la rivera del río Ranchería, contrato que se habrían celebrados entre el municipio y las sociedades de Alumbrado Público de Barrancas S.A.S, el cual se habría adjudicado 'irregularmente' donde se habría pagado cerca de 500 millones de pesos.

Específicamente este contrato iría a la plantación de árboles donde eventualmente se iban a beneficiar muchos campesinos cercanos al río Ranchería en La Guajira, objetivo que se cuestionó ante la Sala de Instrucción, despacho del magistrado César Reyes Medina una vez fueron practicadas algunas pruebas que evidenciaron que aparentemente, no hubo reforestación, tras haberse suscrito el contrato para este proyecto por más de 1.700 millones de pesos.

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"La obra no se habría ejecutado en su integridad, mientras que la realizada parcialmente fue cumplida por personal contratado en la zona, al cual se le entregó el material para que procediera a realizar el trabajo de viveros, reforestación y colocación del cerramiento, sin vinculación laboral alguna con la contratista en contravía de lo señalado en el pliego de condiciones", dijo la Corte Suprema de Justicia.

Por estas conductas, el congresista del partido Colombia Renaciente iría a juicio ante la Corte Suprema de Justicia, pero mientras tanto se mantendrá en libertad según la alta corporación.

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El parlamentario está en la Comisión Cuarta, por la cual pasa el presupuesto general de la nación y fue ponente del Plan Nacional de Desarrollo. Esta investigación fue abierta en marzo de 2024,en contra del representante por estas presuntas irregularidades, hechos que lo relacionan cuando fue alcalde de Barrancas.


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