Defensa de Álvaro Uribe señala que Cadena actuó por cuenta propia y no por instrucciones

Defensa de Uribe: "No puede ser condenado por defenderse"

El abogado Lombana aseguró que el expresidente nunca presionó a testigos y que los contactos con personas privadas de la libertad fueron parte de una estrategia para que la justicia verificara hechos. “Él tenía derecho a pedir que se escucharan esos testimonios. Nadie puede ser condenado por ejercer el derecho constitucional a defenderse”, subrayó.

Sobre los dos hechos más cuestionados del juicio, Lombana argumentó que Álvaro Uribe no dio instrucciones directas para ofrecer beneficios a testigos. En el caso de Juan Guillermo Monsalve, indicó que fue él quien pidió revisar su caso y que el expresidente se enteró de ello semanas después. “Uribe no conoció personalmente a los testigos. Solo buscaba que se verificara la veracidad de las declaraciones”, dijo.

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Lombana: “Uribe no conocía los pagos a testigos”

Respecto a los giros realizados al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, Lombana aseguró que Uribe se enteró diez meses después de realizados. “El conocimiento posterior no puede implicar responsabilidad penal. No se puede acusar a alguien por algo que no conocía en el momento en que ocurrió”, afirmó.

El abogado también desmintió que Uribe goce de fuero especial por su condición de expresidente. “Ese fuero no existe. Está siendo juzgado como cualquier ciudadano”, explicó. Además, expresó su confianza en que el fallo será absolutorio, aunque aseguró que respetarán la decisión de la jueza.

El origen del caso y la figura de Diego Cadena

Según Lombana, todo el proceso se remonta a una conversación entre Uribe y su exministro Andrés Felipe Arias, quien le advirtió sobre un supuesto complot en su contra. Luego, el abogado Diego Cadena se presentó voluntariamente como intermediario. “Uribe no buscó a Cadena; fue él quien llegó a ofrecer su ayuda como abogado investigador”, aseguró.

Lombana recalcó que Uribe nunca conoció personalmente a los testigos implicados, muchos de los cuales fueron capturados o extraditados durante su mandato. “Eso desvirtúa cualquier intención de manipulación. Lo que se solicitó fue que la justicia los escuchara y verificara sus versiones”, añadió.

La decisión final se conocerá el 28 de julio

El proceso que inició en la Corte Suprema de Justicia y pasó a la justicia ordinaria concluirá en pocos días. Lombana insistió en que las pruebas demuestran que no hubo delitos, sino actuaciones legítimas. “Confiamos en la imparcialidad de la jueza. Su decisión será respetada”, concluyó.

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El país está ahora a la espera del fallo judicial que definirá el rumbo de uno de los casos más controversiales de la política colombiana reciente.