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La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia recibió una denuncia de 78 páginas que involucra al presidente de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, Leonardo de Jesús Gallego, y a los congresistas Alirio Uribe, Wilmer Ramiro y Gloria Arizabaleta.
La denuncia se centra en las presuntas irregularidades en la investigación sobre la campaña presidencial de Gustavo Petro, un tema que generó un amplio debate sobre las competencias del Consejo Nacional Electoral (CNE) en este ámbito.
El documento, presentado por José Manuel Abuchaibe Escolar, sostiene que los representantes a la Cámara han tratado el caso como un asunto penal, cuando, según la denuncia, debería encuadrarse en un juicio político por "indignidad".
Abuchaibe menciona que los procedimientos actuales están generando "confusión y dilaciones", sugiriendo que la naturaleza de la investigación debe ser reconsiderada.
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La denuncia alega que existen pruebas sobre la violación de topes electorales, diferenciando este aspecto de la investigación sobre la financiación de campañas con fuentes prohibidas, que correspondería a un proceso penal.
La denuncia subraya que, según el Consejo de Estado, el CNE tiene la competencia para investigar la financiación de campañas, pero que la Comisión de Acusación es la única corporación que puede destituir al presidente.
El documento cita el artículo 109 de la Constitución, que establece que la violación de los límites de financiación puede conllevar la pérdida de investidura por lo que el accionante aclara que no se están denunciando hechos penales en contra del presidente Petro, sino que se busca establecer si hubo violaciones a la normativa electoral.
Además, se hace referencia a una sentencia de la Corte Constitucional que indica que, si se comprueba la violación de los topes de financiación, esto no constituiría un delito, sino que podría llevar a una acusación de "indignidad por mala conducta".
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El abogado de Gustavo Petro, Mauricio Pava, ha defendido en varias ocasiones que la Comisión de Acusación es la única instancia competente para llevar a cabo esta investigación, cuestionando la intervención de otros organismos, como el CNE, debido a la carga política que los rodea.
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