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Esta situación se presenta en especial, con pacientes de enfermedades huérfanas y quienes están en lugares apartados del país.
De acuerdo con el documento de la Sala de Seguimiento del alto tribunal, si bien el Ministerio de Salud avanzó en diferentes aspectos, las deficiencias para garantizar que el sistema de salud sea pleno para los pacientes aún se presentan.
Para la Corte Constitucional es trascendental que el Ministerio de Salud adopte las medidas que le corresponda frente a las observaciones realizadas desde hace varios meses, para que el acceso a la salud sea integral, atendiendo que la actualización del POS está prevista para el 16 de febrero de 2017.
“Ordenar al Ministerio de Salud y de la Protección Social que en el próximo proceso de actualización brinde una verdadera garantía que permita a quienes residen o trabajan en municipios intermedios o pequeños, áreas apartadas y lugares con difícil acceso a tecnologías de la información y la comunicación brindar sus aportes al proceso de actualización del plan de beneficios, de cara al nuevo esquema de exclusiones, toda vez que en la actualización hecha a través de la Resolución 5592 de 2015 no se encuentra representada toda la población”, señala la sentencia.
La Corte Constitucional, advirtió que los términos de actualización del plan de beneficios en años anteriores no se cumplieron y pese a la expedición de varios acuerdos “nunca ingresaron al ordenamiento positivo, primero por la postergación de su vigencia y luego porque fue derogados”.
“Así las cosas, el nuevo proceso de actualización del plan de beneficios dentro de un esquema de exclusiones específicas debe atener y propender por garantizar la participación de distintos actores, ámbitos e intereses, en procura de alcanzar los fines esenciales del Estado, en los procesos de decisión, elaboración, implementación y evaluación de la política pública en esta materia”, advierte la Corte Constitucional.
El alto tribunal con ponencia del Magistrado Jorge Iván Palacio, le hizo un llamado de atención a la Procuraduría General de la Nación, para que participe activamente de este proceso “ya que se dejaron de recibir informes por parte de esa autoridad y en su calidad de representante de la sociedad civil sus aportes resultan de vital importancia a la hora de garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud”.
