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La Contraloría General de la República reportó hallazgos fiscales por $593.737 millones en el manejo del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos.
De este descubrimiento, según el informe del ente de control, el que más se destaca está relacionado con los contratos a la extinta Electricaribe.
En el documento señala que, en los convenios 134, 141 y 146 suscritos con la compañía, no se aplicaron las disposiciones que establecen los plazos pactados, las actualizaciones con una tasa igual al IPC del año inmediatamente anterior y los correspondientes intereses moratorios.
"Una situación similar se evidenció en los contratos No. 180 y 181, en relación con el cumplimiento de lo estipulado en la cláusula tercera, donde se estableció un plazo máximo de 12 meses para el pago de los recursos derivados de tales contratos y que, una vez vencido el termino, Electricaribe quedaría comprometido con el pago de intereses moratorios sobre el monto del capital en mora", sostuvo.
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La entidad manifestó que, el Fondo Empresarial no ejecutó los procedimientos correspondientes ni adoptó medidas para garantizar el recaudo oportuno, lo que podría haber comprometido la adecuada gestión de los recursos públicos involucrados.
Igualmente, señaló que, las deficiencias, podrían comprometer la sostenibilidad del Fondo Empresarial como mecanismo de apoyo a empresas de servicios públicos intervenidas; En el documento, el órgano identificó un debilitamiento estructural del control interno, tras evidenciar fallas en conciliaciones bancarias, ausencia de soportes en pagos, falta de garantías suficientes para respaldar obligaciones y un aumento del riesgo de impago.
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La Contraloría General de la República instó al Patrimonio Autónomo Fondo Empresarial a presentar un Plan de Mejoramiento con medidas correctivas concretas, orientadas a fortalecer la gestión financiera, operativa y contractual del fondo, asegurando la transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos públicos.
