Dinero - Pesos colombianos - Subsidios
Colprensa
26 Oct 2020 08:20 PM

Condenan a exjuez por millonaria corrupción de pensiones

El exjuez de Cartagena fue sentenciado por desfalcar al Estado en más de $40.000 millones.
Mauricio Collazos
Mauricio
Collazos
@CollazosMao

El Tribunal Superior de Cartagena emitió sentencia condenatoria e impuso una condena de 12 años y 8 meses de cárcel contra el exjuez Fabio Cabarcas Pardo,  por estar implicado en uno de los escándalos de corrupción más grandes en relación con el cobro irregular de pensiones.

Los magistrados hallaron culpable al exjuez Cabarcas Pardo de cometer los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y prevaricato por omisión.

Los investigadores de Policía Judicial lograron establecer,  que durante los años 2010 y 2011 el entonces juez Cabarcas Pardo favoreció el cobro irregular de pensiones por un monto de 40.115 millones de pesos.

La además: Este jueves la Fiscalía acusará a Diego Cadena por manipulación de testigos

Según los fiscales delegados a cargo de este caso, las irregularidades cometidas se constituyen en el caso más grande de corrupción pensional del país.

“Cabarcas Pardo, como Juez Sexto Laboral del Circuito de Cartagena, conoció las demandas presentadas contra del Instituto de los Seguros Sociales, cuyas pretensiones iban dirigidas al reconocimiento y pago de pensiones de jubilación vitalicia, de conformidad con la Ley 33 de 1985”, señaló la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Pese a que a los demandantes con anterioridad se les había reconocido y ordenado el pago de la pensión de jubilación por parte de las entidades empleadoras, el juez Cabarcas emitió decisiones contrarias a la ley, condenando al  Instituto de los Seguros Sociales, al reconocimiento y pago de pensión de vejez en favor de los demandantes.

Lea además: Capturaron a ‘Gokú’, señalado de violar a habitante de calle en plena vía pública de Ciénaga

Estas sentencias de condena emitidas por el exjuez, posteriormente fueron empleadas como títulos de recaudo para formular demandas ejecutivas y perseguir con ello un pago de manera irregular, con lo cual los demandantes recibieron entre 6.000 y 10.000 millones de pesos cada uno.