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El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), magistrado Roberto Carlos Vidal, hizo un enérgico llamó al Gobierno Nacional para que respete su autonomía judicial y que se garanticen los recursos necesarios para su funcionamiento.
Asimismo, Vidal alertó que un cierre prematuro de la JEP como lo planteó el Comisionado de paz Otty Patiño, podría abrirle nuevamente la puerta a la Corte Penal Internacional (CPI) para que reactive el examen preliminar sobre el país, e incluso adopte las medidas a que haya lugar ante este escenario.
“La declaración que produce esta reacción nuestra nos hace temer que el Estado colombiano pudiera incurrir en incumplimiento de sus obligaciones internacionales, lo cual podría tener un efecto muy negativo para el Estado y de cara a que podrían volver a abrirse mecanismos como el examen preliminar o, ojalá nunca suceda, tuviera la Corte Penal Internacional que asumir sus obligaciones en la falta del cumplimiento del Estado colombiano”, dijo el presidente de la JEP.
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El magistrado Vidal señaló que un cierre prematuro de JEP le causaría un enorme perjuicio al país, pero sobre todo a aquellos comparecientes que pertenecieron a las extintas Far y a los miembros de la Fuerza Pública, pues podrían ver comprometida su su situación judicial.
“En ese sentido, la JEP tiene una función clave a futuro en lo que tiene que ver con la estabilización, la seguridad jurídica, la protección de los derechos de las víctimas, la reconciliación y el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz”, dijo.
La JEP puso de presente que al Gobierno Nacional le corresponde garantizar y respetar la estricta temporalidad de esta Jurisdicción, establecida con aval constitucional en el Acuerdo Final de Paz, para que pueda investigar, juzgar y sancionar los más graves crímenes cometidos durante el conflicto armado.
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También llamó la atención sobre el hecho de que el presupuesto del Fondo Colombia en Paz, que asciende a los 450 mil millones de pesos, haya sido reasignado, pese a que este dinero estaba destinado a la implementación de la imposición de sanciones a través de las que los comparecientes deberán cumplir con sus sentencias para restaurar el daño causado a las víctimas y a sus comunidades.
