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La Corte Suprema de Justicia abrió un incidente de medida correctiva contra Astrid Salamanca, directora administrativa del Senado de la República, por presuntamente obstaculizar el ingreso de funcionarios judiciales que adelantaban una inspección en las instalaciones del Congreso, dentro de las investigaciones relacionadas con el denominado caso de las 48 y las denuncias de Deicy Jiménez contra el expresidente Gustavo Petro y la senadora María José Pizarro.
De acuerdo con el alto tribunal, la actuación busca establecer si la funcionaria incurrió en alguna conducta que impidiera u obstaculizara el desarrollo de una diligencia judicial ordenada por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, cuyo propósito era recaudar documentación y elementos materiales de prueba sobre los vínculos contractuales de Jiménez con el Congreso.
Es importante precisar que la apertura de este incidente no significa que Astrid Salamanca haya sido declarada responsable ni que exista una sanción en su contra, lo que busca la Corte es establecer qué ocurrió durante la diligencia y determinar si hubo alguna conducta que afectara el cumplimiento de la orden judicial.
La inspección buscaba los contratos de Deicy Jiménez
La diligencia fue ordenada por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y estuvo a cargo del magistrado Javier Fernando Fonseca Alvarado.
La instrucción era realizar una inspección judicial en la Secretaría del Senado para recopilar los documentos relacionados con los contratos que tuvo Deicy Jiménez durante su paso por el Congreso.
La intención de los investigadores es obtener directamente de esa dependencia la documentación contractual y contar con elementos que permitan avanzar en las verificaciones que se adelantan dentro del proceso.
Se trata de una actuación de recolección de pruebas que busca establecer las circunstancias de la contratación de Jiménez en el Legislativo y revisar la información que pueda resultar relevante para la investigación.
Sin embargo, durante el desarrollo de esta diligencia se habría presentado el obstáculo que ahora llevó a la Corte Suprema a abrir el incidente contra la directora administrativa del Senado.
La Sala deberá establecer las circunstancias en las que se produjo el presunto impedimento al ingreso de los funcionarios judiciales y la eventual responsabilidad de Salamanca frente a lo ocurrido.
Las denuncias que dieron origen al caso de las 48
Este procedimiento judicial se conoce en medio de las denuncias penales presentadas por Deicy Jiménez contra el expresidente Gustavo Petro, relacionadas con un presunto entramado de corrupción y favores sexuales que ha sido denominado como el caso de las 48.
Según la denuncia de Jiménez, ella habría conocido a Petro en 2019, cuando él se desempeñaba como senador de la República, a través de una plataforma para adultos.
La mujer sostiene que habría existido una red de entre 30 y 40 mujeres que presuntamente habrían recibido contratos con diferentes entidades del Estado a cambio de favores sexuales durante la administración de Petro.
Se trata de señalamientos que deberán ser esclarecidos por las autoridades judiciales y que, hasta ahora, corresponden a las afirmaciones realizadas por la denunciante, no a hechos judicialmente establecidos.
Dentro de sus denuncias, Jiménez ha señalado la presunta existencia de una estructura que habría facilitado la contratación de mujeres en distintas entidades públicas y que estaría relacionada con esos supuestos intercambios.
Al menos diez contratos aparecen a nombre de Jiménez
Uno de los elementos que ha llamado la atención dentro de este caso es la información sobre la contratación pública de Deicy Jiménez.
De acuerdo con las bases de datos de contratación estatal mencionadas en la información del caso, se han identificado al menos diez contratos a su nombre con diferentes entidades públicas.
Entre las instituciones que aparecen relacionadas están el Senado de la República, el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Vigilancia.
Precisamente, la inspección ordenada por la Corte Suprema en la Secretaría del Senado busca recopilar directamente los documentos de los contratos que Jiménez tuvo con esa corporación y obtener información que permita avanzar en las verificaciones judiciales.
Por esa razón, la diligencia tiene especial relevancia dentro de la investigación: no se trata solamente de conocer si existieron contratos, sino de recaudar la documentación oficial que permita examinar esos vínculos contractuales.
En ese sentido, además de la recolección de esos documentos, la Corte tendrá que establecer qué ocurrió con el ingreso de sus funcionarios al Congreso y si efectivamente existió una obstrucción a la diligencia.
La apertura del incidente de medida correctiva contra Astrid Salamanca abre así un nuevo frente judicial alrededor de este caso, mientras la Sala de Instrucción continúa con las actuaciones encaminadas a recopilar pruebas y esclarecer las denuncias de Deicy Jiménez.
Cuatro preguntas con las claves de la noticia
¿Por qué la Corte Suprema abrió un incidente contra Astrid Salamanca?
Porque presuntamente habría obstaculizado el ingreso de funcionarios judiciales que adelantaban una inspección en el Senado para recopilar pruebas relacionadas con los contratos de Deicy Jiménez.
¿Qué buscaba la inspección judicial en el Senado?
Recopilar los documentos de los contratos que tuvo Deicy Jiménez durante su paso por el Congreso, por orden de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema.
¿En qué consiste el denominado caso de las 48?
Es el nombre con el que se conoce la denuncia de Deicy Jiménez sobre un supuesto entramado en el que, según sus afirmaciones, entre 30 y 40 mujeres habrían recibido contratos estatales a cambio de favores sexuales durante la administración de Gustavo Petro.
¿Qué contratos se han identificado a nombre de Deicy Jiménez?
En las bases de datos de contratación pública se han identificado al menos diez contratos con entidades como el Senado, el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Vigilancia.
