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Las razones, según se logró establecer, obedecen a que desde hace varios meses atrás ese funcionario había pedido medidas de seguridad por las constantes amenazas que ha recibido por ese caso; solicitud que no fue atendida por la Fiscalía General de la Nación, por lo que advirtió que no existían garantías para seguir en ese proceso penal.
El fiscal 295 fue quien solicitó dentro de ese caso las capturas de varios oficiales de la Policía, por la manipulación de la escena del crimen del joven Becerra.
Por su parte la representación de víctimas dentro de ese caso pidió a la Fiscalía que no permita el cambio de despacho de ese fiscal, porque de llegar otro funcionario, según indicó la abogada Miryam Pachón, el proceso se dilataría varios años.
Por último, se anunció que solicitarán medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se garantice el debido proceso.
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