Caso Centros Poblados: juez que liberó a Emilio Tapia enfrenta investigación por su decisión judicial

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico abrió una investigación formal contra la Juez Primera de Ejecución de Penas de Barranquilla, Claribel Onisa Fernández Castellón, quien el pasado 11 de abril dejó en libertad condicional a Emilio Tapia, condenado a una pena de 6 años y 4 meses, luego de un preacuerdo con la Fiscalía por el caso de corrupción denominado 'Centros Poblados'.

Según la decisión de la juez, el contratista cumplió 48 meses y 10 días de estar privado de su libertad, sumado tiempo efectivo y de redención de pena por trabajo en la cárcel, luego de haber sido recluido en la cárcel El Bosque de Barranquilla en septiembre de 2021 hasta marzo de 2025. Entretanto, su libertad se hizo efectiva el pasado 14 de abril, sobre las seis de la tarde de este año.

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Emilio Tapia fue señalado como el “cerebro” de la maniobra que, mediante la presentación de falsas garantías bancarias por parte de la Unión Temporal Centros Poblados, permitió el anticipo de $70.000 millones, que luego se extraviaron y que hacían parte de un contrato con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para conectar a poblaciones vulnerables en zonas rurales del país.

Cabe recordar que la Procuraduría General de la Nación apeló la decisión de la juez, al considerar que no se cumplieron los presupuestos necesarios para el otorgamiento de la medida con base en varias normas, incluido el artículo 64 del Código Penal, el artículo 150 del Código Penitenciario y Carcelario, el artículo 267 de la Constitución y el artículo 36 de la Ley 190 de 1995, que obliga a que las entidades públicas perjudicadas frente a delitos como los endilgados al contratista se constituyan en parte civil dentro del proceso.

En este sentido, el 22 de abril de 2025, la presidencia de la Comisión Seccional del Atlántico compulsó copias para el inicio de una actuación disciplinaria en contra de la juez que otorgó la libertad a Emilio Tapia.

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A comienzos del mes de mayo se ordenó la indagación preliminar y el 17 de septiembre, a partir de la información recopilada, se ordenó la apertura de una investigación formal, tanto por las circunstancias que rodearon la medida de libertad condicional como por una presunta mora en la concesión del recurso de apelación presentado por el Ministerio Público.