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En el Teatro Colón de Bogotá se llevó a cabo la firma del acuerdo definitivo entre el Gobierno y las Farc, el 24 de noviembre de 2016. En la foto, el presidente Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño Echeverri alias Timochenko / Colprensa
4 Abr 2018 02:01 AM

¿Cartel de la paz?: tres escándalos afrontan los dineros entregados para el posconflicto

La no renovación del contrato de Marcela Huertas y las explicaciones pedidas por Noruega, Suiza y Suecia; la denuncia de Judicial Watch y la salida de Néstor Raúl Correa, secretario general de la JEP.

Marcela Huertas

El Gobierno colombiano aseguró que maneja con transparencia los recursos del posconflicto en respuesta a una carta en la que los embajadores de Noruega, Suiza y Suecia piden explicaciones sobre esos dineros y la salida de una funcionaria.

El Comité Directivo de Colombia Sostenible, que maneja recursos por más de 200 millones de dólares donados por esos países, dijo en un comunicado que cuando los embajadores pidieron más transparencia se referían a que el público tuviera acceso a la información sobre “la operatividad de Colombia Sostenible, la cual estará disponible en la página www.posconflicto.gov.co a partir del mes en curso”.

“El contenido de las comunicaciones enviadas entre los miembros del Comité no se puede interpretar como dudas sobre la transparencia en el manejo de los recursos”, explica el comunicado de siete puntos.

Hace unas semanas los embajadores de Noruega, Suecia y Suiza en Colombia le pidieron al Ministerio de Hacienda convocar una reunión para hablar del manejo que el país ha dado a los fondos que sus países entregaron para el posconflicto y que son gestionados a través del Fondo Colombia Sostenible (FCS).

Consulte aquí: Embajadores piden explicaciones al Gobierno sobre salida de Marcela Huertas del Fondo Colombia Sostenible

En una carta enviada al viceministro Técnico de Hacienda, Andrés Velasco, quien preside el Consejo Directivo del FCS, los diplomáticos también piden explicación por la no renovación del contrato a Marcela Huertas, cabeza de la Unidad Técnica Consultiva (UTC) del FCS, que a su vez depende del Fondo Colombia en Paz.

Sobre la salida de Huertas, el documento dice que el Gobierno colombiano tomó la decisión de no renovar este contrato, que tenía vigencia hasta el pasado 20 de marzo.

Explica que “el nuevo proceso de selección del nuevo coordinador o coordinadora de la UTC, se está realizando con la mayor rigurosidad bajo los principios de contratación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y de acuerdo a lo establecido en el reglamento operativo de Colombia Sostenible”.

Consulte aquí: Gobierno ha manejado bien el Fondo Colombia en Paz: Mauricio Cárdenas

“Colombia Sostenible es un mecanismo para garantizar un desarrollo sostenible en el mediano y largo plazo, para esto, se trabaja en procesos sólidos que permanezcan en el tiempo y que contribuyan a la consolidación de la paz territorial y a la conservación y protección de los recursos naturales”, agrega el comunicado.

Finalmente asegura que respecto a las inquietudes por la implementación de los proyectos, estos están en etapa de formulación y serán ejecutados a través de convocatorias.

El Comité Directivo de Colombia Sostenible, conformado por el Gobierno Nacional y los señores embajadores de Noruega, Suecia y Suiza, se permiten comunicar a la opinión pública lo siguiente:

1. Colombia Sostenible tiene como objetivo apoyar proyectos y programas encaminados a maximizar los dividendos ambientales, económicos y sociales de la paz en Colombia, principalmente en los territorios donde confluyen la incidencia del conflicto armado, las áreas estratégicas para el desarrollo rural sostenible y la conservación del medio ambiente.

2. Las 13 líneas de inversión de Colombia Sostenible se adelantan conforme al Plan Operativo Anual – POA. Las iniciativas que se financiarán se encuentran en su fase de formulación y serán ejecutadas a través de convocatorias.

3. La manera en que opera la comunicación en las diferentes instancias de gobernanza de Colombia Sostenible se basa en un constante diálogo abierto y enfocado en soluciones concretas. Ejemplo de lo anterior son las comunicaciones escritas enviadas por los embajadores de los tres países donantes de Colombia Sostenible. (Anexo).

4. El pasado 20 de marzo se realizó una reunión del Comité Directivo de Colombia Sostenible como respuesta a la comunicación enviada del 2 de marzo enviada.

5. Se aclara que cuando se pide mayor transparencia, se hace referencia a la necesidad de poner a disposición del público la información sobre la operatividad de Colombia Sostenible, la cual estará disponible en la página www.posconflicto.gov.co a partir del mes en curso. El contenido de las comunicaciones enviadas entre los miembros del Comité no se puede interpretar como dudas sobre la transparencia en el manejo de los recursos.

6. Sobre la Coordinación de la Unidad Técnica (UTC) de Colombia Sostenible, el Gobierno Nacional tomó la decisión de no renovar este contrato, que tenía vigencia hasta el pasado 20 de marzo. El nuevo proceso de selección del nuevo coordinador o coordinadora de la UTC, se está realizando con la mayor rigurosidad bajo los principios de contratación del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y de acuerdo a lo establecido en el reglamento operativo de Colombia Sostenible.

7. Colombia Sostenible es un mecanismo para garantizar un desarrollo sostenible en el mediano y largo plazo, para esto, se trabaja en procesos sólidos que permanezcan en el tiempo y que contribuyan a la consolidación de la paz territorial y a la conservación y protección de los recursos naturales.

Al margen de esto, El Tiempo dio a conocer que la directora del Fondo Colombia en Paz (FCP), Gloria Ospina, sostiene una relación sentimental con Iván Cifuentes, "quien fue contratado para asesorar técnicamente uno de los pilares del posconflicto: el Sistema Integrado de Información para el Posconflicto (Siipo)", según el citado medio.

"Se trata de la plataforma que reunirá contratos, flujos de dinero, proyectos productivos, compra de bienes, nóminas y todos los datos relacionados con las inversiones de la llamada gran ‘chequera de la paz’", agrega.

“El contrato de Iván se acabó cuando se formalizó nuestra relación”, dijo Ospina a El Tiempo, al explicar que la mujer es muy cercana a Rafael Pardo, actual ministro para el posconflicto. "Fue la secretaria general del Ministerio del Trabajo cuando Pardo estaba a cargo de esa cartera. Además estuvo vinculada a su campaña a la presidencia de la República, en el 2010", explicó el medio.

Judicial Watch

Judicial Watch es una institución con sede en Washington (Estados Unidos) que cobró relevancia en las pasadas elecciones presidenciales de Estados Unidos. A través de investigaciones mantuvieron al tanto al país de la polémica por el uso del correo electrónico de la entonces candidata Hillary Clinton.

“El objetivo de la entidad, fundada en 1994 por Larry Klayman, un abogado conservador obsesionado con presentar demandas sin importarle el objetivo (contra un país entero, como Irán por el acuerdo nuclear, o contra su propia madre, a la que pedía un reembolso por gastos médicos de su abuela), es promover la “transparencia y rendimiento de cuentas en el gobierno”, según explica en una entrevista Chris Farrell, director de investigaciones”, lo describió El País de España en agosto de 2016.

En esta ocasión, Judicial Watch, que generalmente ha investigado a funcionarios demócratas dado su corte republicano, está haciendo una denuncia sobre Colombia y que guarda relación con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, conocida como Usaid.

“Judicial Watch anunció hoy que presentó demandas de la Ley de Libertad de Información (FOIA) contra el Departamento de Estado de los EE. UU y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) por los registros relacionados con su financiación de las actividades políticas de las Fundaciones Soros Open Society de Rumanía y Soros Open Society Foundations of Colombia”, dice el informe, que explica que portales cercanos a Soros han resultado favorecidos con grandes montos de financiamiento.

De acuerdo con el informe, millones de dólares destinados para la ayuda al proceso de paz terminaron en “propaganda” política y en la financiación de portales colombianos. “Fundacion Ideas para la Paz; La Silla Vacia; DeJusticia; Corporación Nuevo Arco Iris; Paz y Reconciliación; Global Drug Policy Program y el portal Las Dos Orillas”, señala.

El informe da cuenta de cuánto dinero recibió cada portal y por ello pide la publicación de documentos oficiales en los cuales se explique por qué estos portales colombianos supuestamente están siendo beneficiarios del dinero estadounidense. “En 2016, las Open Society Foundations de Soros donaron más de $ 3.3 millones a organizaciones que operan en Colombia. Varias de esas organizaciones también han recibido apoyo financiero del gobierno de los Estados Unidos, habiendo recibido más de $ 5 millones del Departamento de Estado, USAID y la Fundación Interamericana (una agencia federal) en los últimos años. Una de las entidades financiadas por Soros, una organización de defensa LGBT, también fue seleccionada por la Fundación Interamericana como organización socia en su iniciativa de proyecto de paz en Colombia”, dice el informe de Judicial Watch.

Bajo el argumento de propender por el “buen uso de los recursos públicos”Judicial Watch anuncia la demanda interpuesta ante el Departamento de Estado de los Estados Unidos para conocer por qué Soros en Colombia y en Rumania terminó financiando información política de izquierda y con “propaganda” a través de los citados portales.

El 20 de noviembre de 2015, el Gobierno colombiano y la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (Usaid) firmaron un acuerdo de cooperación por un valor de 636 millones de dólares cuyo fin era invertirlo en iniciativas de paz. El acuerdo fue suscrito entonces en la Casa de Nariño por el director de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC), Alejandro Gamboa, y el director de Usaid en el país, Peter Natiello.

Vea aquí la versión completa de Judicial Watch

Al respecto, el portal La Silla Vacía se pronunció:

"La Silla Vacía solo ha recibido plata de USAID una vez, el año pasado, en un convenio que firmamos con MSI (una de las contratistas de USAID) para el período de Febrero 20, 2017 a febrero 19, 2018. Es decir, durante el período de Donald Trump, no de Barack Obama", señala el portal.

"El convenio fue por $96.652.712 de pesos y tuvo por objeto hacer una serie de historias investigativas sobre cómo se estaban ejecutando recursos públicos de regalías y los destinados a la implementación del Acuerdo de Paz en Arauca, Córdoba, Nariño y Norte de Santander, como una forma de darle transparencia a la ejecución de recursos públicos", agrega. (Lea aquí el pronunciamiento completo).

Néstor Raúl Correa

El secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)Néstor Raúl Correa, presentó su carta de renuncia. En la misiva indicó que estará en el cargo hasta el próximo 30 de abril.

En los últimos días, el contralor general, Edgardo Maya Villazón, le había solicitado formalmente a la JEP un informe sobre la ejecución de los recursos que le entregaron los Gobiernos de Noruega, Suecia y Suiza para los proyectos establecidos para el posconflicto.

Correa se posesionó en el cargo el 11 de febrero del 2017. Su elección fue adelantada por un comité de las Naciones Unidas. Su llegada a la jurisdicción especial no fue ajena a cuestionamientos y críticas por parte de varios sectores políticos y representantes de las víctimas del conflicto armado.

Néstor Raúl Correa había llamado la atención del Procurador, el Fiscal General y la propia presidencia de la JEP, luego de emitir medidas cautelares” a los archivos del extinto DAS, con el fin de protegerlos para las investigaciones que adelantará la jurisdicción en temas como las chuzadas. Se conoció que los entes de control ya impugnaron esta determinación.

Correa también había sido cuestionado por el alquiler de varios vehículos sin blindaje para los 38 magistrados de la JEP, los cuales fueron arrendados y no comprados para tal fin.

Sobre la denuncia, la Justicia Especial para la Paz respondió a través de un comunicado que la ley prohíbe la compra de los vehículos y que “no existía ni existe aún una disposición legal que incluya a los funcionarios de la JEP, entre aquellos que por razón de su cargo deban contar con esquemas de seguridad predeterminados". (Vea aquí el comunicado de la JEP).

De acuerdo con el periódico El Tiempo, "hace tres meses, la Contraloría le solicitó a Correa justificar en qué invirtió 11.765 millones de pesos de los 36.752 millones disponibles. Su respuesta inicial no dejó satisfecha a la entidad: dijo que Gloria Ospina, cabeza del Fondo Colombia en Paz, es quien debe responder".