La FM en Google News
La Policía de Infancia y Adolescencia entregó un panorama preocupante sobre lo que está ocurriendo con respecto a las denuncias de abuso sexual contra menores en todo el país.
Según las autoridades, las llamadas a la línea de emergencia 123, por posibles delitos sexuales contra niños, han aumentado considerablemente.
Durante una audiencia que se desarrolló en el Congreso, la teniente coronel María Hoyos, del Área de Infancia y Adolescencia de la institución, informó que en el 2017 se registraron 1998 llamadas por este tipo de casos, en el 2018 se reportaron 2.692 y en lo que va corrido del 2019 la cifra asciende a 1.426.
Lea también: Centro Democrático denuncia amenazas contra sus candidatos en Arauca
Informó además que también han tenido reporte en el 123, de denuncias por explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes de la siguiente forma: 637 en el 2017, 208 en el 2018 y 92 en el 2019.
“Entre los años 2017 y 2019, la institución, en el marco de la estrategia de protección a infancia y adolescencia, ha desarrollado 558 operativos, 221 en el 2017, 270 en el 2018 y en lo corrido del presente año, llevamos 67 operaciones para contrarrestar agresiones sexuales y estructuras de pornografía infantil y otros puntos de explotación sexual”, reveló.
Según informó la teniente Hoyos, “en 2017 se registraron 3.111 capturas, 4.024 en el 2018 y van 1.960 para el 2019”.
Por su parte, el senador Ciro Alejandro Ramírez, que preside la comisión accidental por la niñez, dijo que el Gobierno debe mejorar los programas de protección y la justicia debe ser diligente a la hora de sancionar los abusos contra menores.
Consulte aquí: Abren discusión por propuesta para restringir las redes sociales en el país
“Muchas veces los abogados dilatan, las audiencias se suspenden y muchas veces los casos llevan más de tres o cinco años esperando justicia. El Ministerio de Justicia debe adelantar una veeduría y el Consejo de la Judicatura liderar investigaciones disciplinarias contra jueces y abogados”, manifestó.
Organizaciones sociales y madres, cuyos hijos han sido víctimas de abuso sexual, denunciaron negligencia de parte de la justicia colombiana a la hora de sancionar a los responsables de estos hechos.
