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Luego de cinco días de desarrollo de las audiencias preliminares y por petición de la Fiscalía General de la Nación, el Juzgado Cuarto Penal Municipal, con funciones de control de garantías, impuso medida de aseguramiento intramuro en contra de Bartolo Valencia Ramos, alcalde de Buenaventura (Valle del Cauca), asimismo, a tres funcionarios de esa administración y un contratista, por las supuestas irregularidades en la contratación para cobertura educativa.
De acuerdo con las irregularidades se habrían presentado en más de 90 contratos, de los cuales seis fueron objeto de análisis investigativo, que habrían sido otorgados sin el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Ministerio de Educación Nacional y habrían sido otorgados directamente; pero, a su vez, los contratistas subcontrataron con instituciones educativas de las que ellos hacían parte. El valor de los contratos es de 3.070 millones de pesos.
Según la Fiscalía, en el año 2012, la Alcaldía de Buenaventura presentó un estudio donde decía que aproximadamente 48 mil alumnos no tenían cupo en Buenaventura. Como consecuencia de eso, el Ministerio de Educación Nacional, a través del sistema general de participaciones, autorizó 21.000 cupos.
Así, la ciudad contrató a 97 operadores bajo la modalidad de contratación directa para que prestaran el servicio de educación en la ciudad. Y allí aparecieron las denuncias. La Fiscalía hizo las primeras revisiones a seis contratos y halló que en ellos se decía que cada uno de los 3845 menores favorecidos en esos seis casos le costaba un millón de pesos al municipio.
Los seis operadores habrían subcontratado con 33 operadores para prestar ese mismo servicio por la mitad del valor que ya había pagado el municipio. Es decir, mientras el municipio pagó el servicio a un millón de pesos por cabeza, estos contratistas pagaron solo 500 mil pesos.
Los seis operadores vinculados a la investigación son la Fundación Perla ONG, Fundación Etnoeducativa del Pacífico, Fundación Cooperativa del Pacifico, Corporación Mujeres del Pacifico Defendiendo la Pobreza, Corporación Héroes del Saber y Corporación Gimnasio Cooperativo del Pacífico.
Algunos de los contratistas son empresas creadas pocos días antes de la firma de las convenciones para prestar este servicio educativo y no poseen al menos los tres años de experiencia que la ley exige. Los investigadores hallaron, dijo Perdomo, que se subcontrató con 33 operadores la prestación del servicio a la mitad del precio que pagó el municipio.
Asimismo, aparecieron niños clonados y niños fantasma. Los mismos menores fueron hallados en varias listas y en varios colegios, Además, surgieron nombres de servicios prestados para menores de edad que nunca nacieron, "es decir, eran niños fantasma", explicó Perdomo. Además, los contratos se suscribían a 8 meses, cuando la ley decía que debían hacerse por lo menos a diez meses.
Miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), de Valle del Cauca y Bogotá, capturaron a nueve personas por estos hechos, entre ellos el alcalde actual de Buenaventura, Bartolo Valencia Ramos, luego de que un Juez librara las respectivas órdenes, previa solicitud de la Fiscalía.
Durante las audiencias preliminares, el Juez legalizó las capturas, una diligencia de allanamiento y registro y la Fiscalía formuló cargos por los delitos de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación.
Los procesados, quienes no aceptaron cargos, que deben cumplir la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario son: Bartolo Valencia Ramos, alcalde de Buenaventura; Yacer Valencia Saa, coordinador de salud ambiental; Ancízar de Jesús Yepes Idárraga, asesor jurídico de la Secretaria de Educación; Carlos Enrique Riascos, exsecretario de educación y el contratista Pedro Marino Barahona.
Entre tanto, el Juez determinó que deben cumplir la medida de aseguramiento en el lugar de residencia: los contratistas Alberto Riascos Arboleda, Rocío Valencia González, Vanessa Orosco Castillo y Diana Mayerling Riascos.
