Juan Manuel Santos, 'Timochenko' y 'Carlos Lozada'
Juan Manuel Santos, 'Timochenko' y 'Carlos Lozada'
Twitter 'Timochenko'
8 Oct 2020 02:16 PM

Abogado de Farc cuestiona competencia de Fiscalía en caso Álvaro Gómez

Diego Martínez afirma que llamado de la Fiscalía a Timochenko y Losada es bastante extraño.
Jairo Tarazona
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Tarazona
@jairoreport

El asesor jurídico de las Farc y abogado ante la JEP, Diego Martínez, aseguró que la Jurisdicción Especial para la Paz, es la única competente para investigar las conductas de Rodrigo Londoño, Timochenko y del senador Carlos Antonio Losada, quienes se atribuyeron la responsabilidad de ese grupo en el asesinado del dirigente conservador, Álvaro Gómez.

El jurista advirtió, no obstante, que la Fiscalía puede contribuir enviando sus investigaciones y la justicia ordinaria con las sentencias proferidas en este caso.

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En entrevista con RCN Radio, Martínez dijo que luego del llamado de la JEP y de la Fiscalía a Timochenko y Losada, el ente acusador debe informar a la jurisdicción sobre las investigaciones en torno al caso Gómez Hurtado, y el Consejo Superior de la Judicatura debe remitir las sentencias proferidas en este caso, para que la JEP “realice las constataciones de que quienes cometieron el hecho fueron los señores de las Farc y, siendo así, la JEP debe asumir el caso y recibir la versión voluntaria de Rodrigo Londoño y el congresista del Partido Farc, Julián Gallo, más conocido como Carlos Antonio Lozada.

Martínez señaló que la comparecencia de estos dos integrantes del antiguo Secretariado de la guerrilla ante la JEP , “depende en parte del sistema ordinario de justicia, porque efectivamente la JEP necesita que la Fiscalía le remita las investigaciones y las sentencias para que tenga los elementos suficientes para abordar una versión voluntaria por parte de las Farc”.

El abogado, quien participó en La Habana en la estructuración de la JEP, indicó que le parece “sui generis y bastante extraño el llamamiento que hace la Fiscalía, en calidad de testigos a Timochenko  y Lozada”

“Es muy importante que el país sea contundente con la Fiscalía porque si no investigaron en 25 años pues mucho menos lo van a hacer en unos días”, acotó.

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Martínez agregó que le sorprende que la Fiscalía no hubiera investigado a las Farc, cuando ocurrió el crimen contra el dirigente conservador, ya que era el principal enemigo del Estado. “¿Por qué  nunca investigaron la autoría o indagaron en un hecho claro ,que  con pruebas o no,.debieron haberlo hecho ?”, se cuestionó.

Subrayó que a través de un comunicado reciente, la JEP asumió la competencia en este asunto, en virtud de varios principios constitucionales, pero advirtió que eso no excluye la posibilidad  de que la Fiscalía contribuya en la investigación.  

En cuanto a la teoría sobre que la muerte de Álvaro Gómez es un crimen de lesa humanidad, que debe ser investigado por la justicia ordinaria, el asesor jurídico de las Farc, precisó que el Acto Legislativo  01 del 2017 “dice que la JEP fue creada sobre todo y fundamentalmente para abordar delitos ocurridos en el marco y con ocasión del conflicto armado, pero sobre todo graves transgresiones al Derecho Internacional Humanitario y, en este caso, estamos hablando de grave transgresión al DIH “, subrayó el jurista.

Recalcó que hay un Acto Legislativo, un acuerdo de paz y una Ley Estatutaria que establecen que estos delitos, por su misma naturaleza,  ocurrieron en el marco del conflicto armado y por ende son competencia de la JEP.

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Respuesta

En cuanto a la petición del comisionado de Paz, Miguel Ceballos, quien le solicitó a la JEP revisar si el senador Carlos Lozada debe continuar o no en el Congreso, el abogado Martínez  dijo que Ceballos “debe actuar como funcionario del Gobierno y no como integrante  de un partido político que durante la negociación ha querido eso”.

Añadió que el Comisionado “tiene que dejar de actuar con el deseo porque él, como servidor público, tiene que cumplir lo que dice la norma y en el momento de la imposición de las sanciones, la JEP tendrá que evaluar la compatibilidad de la participación en política con la imposición de una sanción, pero es función de la JEP, no del Comisionado de Paz”.