A la cárcel Rafael Rodríguez, exsecretario de movilidad de Bogotá, por corrupción
La fiscalía formuló imputación de cargos contra el exfuncionario como supuesto responsable de los delitos de peculado y celebración indebida de contratos.
El Juzgado 40 de control de garantías de Bogotá dictó medida de aseguramiento y envía a prisión al exsecretario de movilidad Rafael Rodríguez Zambrano, y al exasesor jurídico de la Secretaría Alexánder Rincón, por presunta contratación irregular en la administración Petro.
La juez del caso encontró que los dos exfuncionarios representan un peligro de fuga y de posible obstrucción a la justicia y de riesgo de afectar las pruebas mismas del proceso.
Según el juzgado en lo que representa una actitud de burla para la administración de justicia, Rodriguez en una clara estrategia se negó a asistir en siete oportunidades a las citaciones a imputación que le hizo la fiscalía por estos graves hechos.
La juez hizo énfasis en que contrario a lo expresado por la defensa por estos hechos de corrupción, si hay víctima y no una sino toda una sociedad en un caso donde están comprometidos recursos de los bogota nos por más de 28.500 millones de pesos.
La Fiscalía formuló imputación de cargos contra el exfuncionario como supuesto responsable de los delitos de peculado y celebración indebida de contratos .
El fiscal a cargo del caso señaló que “ambos procesados representan un peligro para la comunidad y las víctimas, en razón a que podrían obstruir la acción de la justicia como consecuencia de la investigación penal. Por lo cual se hace necesaria la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario”.
Las investigaciones se relacionan con las acciones adelantadas por parte del exsecretario de movilidad, Rafael Rodríguez, para facilitar la extensión de un contrato relacionado con la ampliación de una bodega por medio de obras civiles que no estaban contempladas en el convenio, generando sobrecostos por más de $28 mil millones de pesos en hechos ocurridos entre mayo de 2013 y junio de 2014, durante la administración del exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro.
Los dos investigados no aceptaron los delitos endilgados por la Fiscalía al declararse inocentes de las conductas delictivas señaladas por el ente investigador. En ese sentido, se les indicó que la bodega fue construida con el consorcio Servicios Integrales para la Movilidad (SIM) y estaba destinada para almacenamiento de documentación.