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El gobierno del presidente Donald Trump continúa con su ofensiva contra el programa de refugiados de Estados Unidos al ordenar la revisión masiva de más de 200.000 casos de personas admitidas durante el mandato de Joe Biden.
La medida, comunicada mediante un memo interno firmado por el director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), instruye a los funcionarios a determinar si cada beneficiado realmente cumplía con los criterios legales para ser admitido en el país.
El documento, fechado el viernes, sostiene que durante los cuatro años de Biden se priorizaron “la conveniencia” y “la cantidad” por encima de los procedimientos estrictos de verificación. “Dadas estas preocupaciones, el USCIS ha determinado que se justifica una revisión exhaustiva y una nueva entrevista de todos los refugiados admitidos entre el 20 de enero de 2021 y el 20 de febrero de 2025”, señala el texto oficial. Durante ese periodo, más de 230.000 refugiados obtuvieron entrada legal a Estados Unidos.
La orden también aclara que, “cuando sea apropiado”, algunos casos fuera de esa ventana temporal igualmente serán reexaminados. El alcance de la directriz es inédito, ya que autoriza al Gobierno a revocar el estatus de refugiado sin derecho a apelación, en caso de que un funcionario determine que la persona no cumplió los requisitos en el momento de ingresar.
En Estados Unidos, una persona solo puede ser admitida como refugiada si demuestra persecución o temor fundado de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social particular. El proceso de admisión suele prolongarse por años e incluye verificaciones de seguridad en múltiples capas, antecedentes y entrevistas realizadas por funcionarios especializados.
Sin embargo, bajo la nueva directriz, quienes ingresaron durante la administración Biden y actualmente avanzan en el trámite para obtener su tarjeta de residencia permanente (green card) verán el proceso suspendido de inmediato. Y aquellos que ya la hayan recibido podrían enfrentar la reapertura de sus casos, un giro legal que no se veía desde los cambios drásticos en migración implementados en 2017.
El Gobierno de Trump viene aplicando una política de reducción extrema del programa de refugiados. En octubre, la Casa Blanca fijó un tope de apenas 7.500 admisiones para el año fiscal 2026, la cifra más baja registrada desde la creación del programa en 1980.
Además, según el plan oficial, la mayoría de esos cupos están reservados para sudafricanos blancos de origen afrikáner, una decisión que ha generado cuestionamientos tanto dentro como fuera del país por considerarse una desviación del principio humanitario que guía la política de refugio.
Trump lleva años criticando el programa, al que acusa de ser una vía de ingreso insegura y de representar un costo excesivo para Estados Unidos. Al volver a la Casa Blanca en enero, firmó una orden ejecutiva que suspendió indefinidamente el reasentamiento de nuevos refugiados, argumentando que el país estaba siendo “inundado con niveles récord de migración” y que admitir más solicitantes sería “perjudicial para los intereses nacionales”.
