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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, limitó las opciones para los solicitantes de asilo en la frontera con México mediante una orden presidencial que impide que esta protección sea concedida a quienes acceden al país de forma irregular.
"Acabo de firmar la proclamación sobre asilo. Muy importante. La gente puede venir, pero tienen que venir a través de los puertos de entrada (autorizados)", aseguró Trump antes de partir rumbo a Francia.
El mandatario prohibió durante al menos 90 días la entrada a Estados Unidos a quienes cruzan ilegalmente la frontera sur, lo que implica la puesta en marcha de una nueva regulación del Gobierno que elimina la opción de obtener asilo a quienes han incumplido una prohibición presidencial.
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Bajo la modificación, realizada mediante proclamación presidencial, los migrantes que crucen de forma irregular la frontera no podrán solicitar asilo en el país y solo podrán hacerlo quienes entren por puntos de acceso autorizados.
La orden establece que la limitación estará en vigor durante al menos 90 días, que podrán ser ampliados, o hasta que se firme un acuerdo con México que permita a EE.UU. deportar directamente a su vecino del sur a los inmigrantes de países que cruzan ilegalmente; un pacto sobre el que, según Washington, las conversaciones ya se han iniciado.
El Gobierno calculó en 234.534 el número de personas que fueron puestas en procesos de deportación tras cruzar la frontera en 2018, de las que 171.511 fueron detenidas cuando lo hacían ilegalmente.
De estas 234.534, 97.192 (un 41 % del total) alegaron que tenían miedo a volver a su país ante una posible persecución o bien pidieron directamente asilo, por lo que fueron entrevistados por un agente estadounidense para determinar si su solicitud de protección era veraz.
Finalmente, se gestionaron 83.862 casos, de los que 74.574 (89 %) fueron considerados como veraces por los agentes, y continuaron el proceso para que un juez resolviera la petición de protección.
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El presidente ha asegurado que los inmigrantes que llegaban irregularmente por el límite fronterizo con México pedían asilo para no ser deportados y quedar en libertad mientras se resolvía su situación.
Generalmente, una vez constatado que la petición es legítima, las autoridades liberan a los solicitantes mientras se gestionan sus casos porque no suponen un peligro y por la falta de espacio en los centros de detención, que Trump pretende ampliar.
Sin embargo, grupos de activistas han denunciado que muchos de los demandantes de asilo llegados irregularmente a pie han sido privados de libertad de forma indefinida durante meses tras la llegada de Trump a la Casa Blanca.
El anuncio del Gobierno de EE.UU. tiene lugar después de tres semanas de advertencias del mandatario a la caravana de centroamericanos que ahora recorre México en su travesía hacia territorio estadounidense.
El mandatario ha enviado además a más de 5.600 militares a la frontera sur, pero desde la celebración de los comicios legislativos el pasado martes ha rebajado su retórica sobre la inmigración, más allá de reiterar que considera la caravana una "invasión".
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Las nuevas restricciones al derecho de solicitud de asilo se basan en la prerrogativa que permitió a Trump emitir en 2017 su veto migratorio a países de mayoría musulmana.
Se espera que, como ocurrió con el veto migratorio de 2017, haya organizaciones que presenten demandas judiciales para retrasar o bloquear los límites impuestos a las solicitudes, ya que las leyes del país recogen que tiene derecho a presentarla cualquier persona que pisa suelo estadounidense.
La orden hace parte de las propuestas realizadas en materia migratoria durante la campaña de Trump en apoyo a candidatos republicanos para las elecciones legislativas.
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También sugirió acabar con el derecho a la ciudadanía para todos los inmigrantes nacidos en el país, algo que abordará próximamente: "Lo firmaremos pronto", aseguró hoy ante los periodistas
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