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Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos bloqueó la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, utilizada por el presidente Donald Trump para acelerar deportaciones de presuntos pandilleros venezolanos, al concluir que su invocación fue improcedente. La decisión, emitida por el Quinto Circuito de Apelaciones en Nueva Orleans, representa un revés clave para la estrategia del mandatario y abre la puerta a que el caso llegue a la Corte Suprema.
En un fallo dividido de 2 a 1, la jueza Leslie Southwick, apoyada por la jueza Irma Carrillo Ramírez, sostuvo que el gobierno no pudo demostrar que existiera una “incursión depredadora” por parte de la pandilla Tren de Aragua, como había argumentado Trump. “Concluimos que no hay evidencia que respalde que haya ocurrido una invasión o una incursión depredadora. Por lo tanto, consideramos que los peticionarios probablemente demostrarán que la Ley de Enemigos Extranjeros fue invocada de manera indebida”, escribió Southwick en la opinión mayoritaria.
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El caso se originó en el Distrito Norte de Texas, donde migrantes afectados presentaron demandas alegando que no recibieron suficiente notificación antes de ser deportados bajo la ley. En mayo, la Corte Suprema ya había suspendido temporalmente el uso de la norma en ese distrito, señalando que los migrantes tenían derecho a ser notificados y a impugnar su expulsión.
El Quinto Circuito evaluó ese punto y determinó que el aviso de siete días que otorga el gobierno a los detenidos “parece cumplir” con la directiva del alto tribunal. Sin embargo, la jueza Ramírez, designada por Joe Biden, disintió parcialmente al considerar que ese plazo es insuficiente. “Se requiere un preaviso de al menos 21 días”, escribió en su opinión disidente, advirtiendo que muchos migrantes no cuentan con representación legal.
La decisión también rechazó la afirmación presidencial de que existía una “invasión” en el sur del país que justificaba el uso de esta autoridad excepcional. La Ley de Enemigos Extranjeros, concebida en tiempos de guerra, está diseñada para escenarios en los que Estados Unidos enfrente un conflicto armado con otra nación o una invasión extranjera, condiciones que el tribunal concluyó no estaban presentes.
Abogados y organizaciones defensoras de migrantes celebraron el fallo. Lee Gelernt, de la ACLU, afirmó que el tribunal “determinó correctamente que el uso sin precedentes de la ley por parte del Gobierno era improcedente porque viola la intención del Congreso al aprobarla”. Añadió que la decisión es “crucial para defender el estado de derecho y limitar el intento de militarizar la inmigración”.
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El fallo del Quinto Circuito marca la primera vez que un tribunal de apelaciones analiza a fondo la legalidad de la invocación de esta ley por parte de Trump. Aunque la Casa Blanca no ha reaccionado oficialmente, se espera que la controversia escale al Supremo, que tendrá la última palabra sobre el alcance de la autoridad presidencial en materia migratoria bajo esta legislación del siglo XVIII.
