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El Gobierno del presidente Donald Trump anunció que limitará la admisión de refugiados en Estados Unidos a 7.500 personas durante el año fiscal 2026, una cifra históricamente baja y que, según el aviso oficial, se centrará en refugiados sudafricanos blancos. La medida, publicada en el Registro Federal, supone una reducción de más del 90 % respecto al tope de 125.000 refugiados establecido por la administración de Joe Biden el año pasado.
El documento del Departamento de Estado no ofreció una justificación detallada para el nuevo límite. Solo señaló que la admisión de los 7.500 refugiados se consideraba “justificada por motivos humanitarios o por ser de interés nacional”. Sin embargo, la decisión ha sido interpretada como un giro ideológico en la política migratoria estadounidense, que durante décadas había sido considerada una herramienta de diplomacia humanitaria y contaba con apoyo bipartidista en el Congreso.
Según reportó la agencia Associated Press, el Gobierno de Trump venía evaluando desde hace semanas la posibilidad de restringir la cifra de refugiados a ese nivel, priorizando perfiles demográficos específicos —principalmente sudafricanos blancos— bajo el argumento de ofrecer “protección a comunidades perseguidas por razones raciales y políticas”.
La medida representa otro golpe para el Programa de Admisión de Refugiados de Estados Unidos, que desde su creación en 1980 había servido como uno de los pilares del compromiso del país con las personas que huyen de guerras, dictaduras y persecuciones en todo el mundo. Durante los años más activos del programa, Estados Unidos llegó a acoger más de 200.000 refugiados anualmente, provenientes de lugares como Siria, Afganistán, Sudán, Irak o Ucrania.
Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha mantenido una postura restrictiva hacia la inmigración y el asilo, alegando que “la seguridad nacional debe estar por encima de cualquier otra consideración humanitaria”. En su primer día en el cargo, el presidente republicano suspendió temporalmente el programa de refugiados, permitiendo únicamente un número limitado de ingresos bajo excepciones judiciales. Desde entonces, el flujo de nuevos solicitantes se ha mantenido en mínimos, y la mayoría de los admitidos provienen de Sudáfrica, país que, según la administración, enfrenta “una situación crítica de violencia racial contra agricultores blancos”.
La nueva política ha provocado inquietud entre las organizaciones humanitarias y religiosas que históricamente colaboran con el reasentamiento de refugiados en el país. Grupos como HIAS, Church World Service y la Conferencia Católica de EE. UU. advirtieron que la reducción “socava la tradición moral y humanitaria estadounidense” y pone en riesgo la vida de miles de personas que esperan reasentarse tras años de trámites.
En muchas ciudades, los centros de acogida han tenido que reducir personal y cerrar oficinas, ya que el número de refugiados admitidos ha caído en picada desde 2021. “Estamos viendo el colapso de un sistema que durante décadas fue un símbolo de esperanza”, lamentó un funcionario de una agencia de reasentamiento en Nueva York.
