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El Gobierno del presidente Donald Trump se alista para llevar a cabo una amplia operación de control inmigratorio en Chicago a partir del próximo viernes 5 de septiembre, según confirmaron varias fuentes cercanas a la planificación al canal CNN. La medida marcaría una nueva escalada en la confrontación entre la Casa Blanca y la ciudad gobernada por demócratas, conocida por sus políticas de santuario que limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración.
El operativo será coordinado principalmente por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), aunque otras agencias también participarían. Entre los preparativos ya en marcha se incluye el envío de vehículos blindados y el incremento de agentes federales en la ciudad. Dos fuentes indicaron que, de ser necesario, se recurrirá al apoyo de la Guardia Nacional, con un papel de presencia y mantenimiento del orden, similar al que se observó en Los Ángeles durante recientes protestas.
Un alto funcionario de Seguridad Nacional defendió la operación asegurando que “en todo el país, los funcionarios de seguridad nacional están arrestando y expulsando a lo peor de lo peor, incluyendo pandilleros, asesinos, pedófilos y violadores”. Añadió que bajo la dirección de la secretaria Kristi Noem, ICE y CBP “trabajan arduamente para cumplir con el mandato del pueblo estadounidense de arrestar y deportar inmigrantes criminales ilegales y hacer que Estados Unidos sea seguro de nuevo”.
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Modelo de Los Ángeles y tensiones legales
El diseño de la operación se inspira en el despliegue realizado en Los Ángeles, donde el Departamento de Seguridad Nacional aseguró haber ejecutado 5.000 arrestos desde junio. Gregory Bovino, jefe de patrulla del sector El Centro y responsable de las operaciones en la ciudad californiana, también estaría al frente de las acciones en Chicago.
El zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, confirmó que la planificación sigue activa y que incluso se evalúa utilizar una base naval al norte de Chicago como centro logístico para el personal federal. Aunque evitó precisar la magnitud del despliegue, adelantó que se tratará de un “contingente grande”.
Sin embargo, expertos legales advierten que la utilización de tropas bajo órdenes federales fuera de Washington podría generar controversias legales más amplias, debido a las restricciones de la Ley Posse Comitatus. Rachel VanLandingham, exasesora legal de la Fuerza Aérea, señaló que “sería un mundo completamente nuevo para ellos intentar una maniobra similar a la de Washington en Chicago o cualquier otro lugar”.
Reacciones en Illinois
El gobernador de Illinois, J. B. Pritzker, criticó duramente los planes de la Casa Blanca, acusando a Trump de “buscar formas de sentar las bases para eludir nuestra democracia, militarizar nuestras ciudades y acabar con las elecciones”. También cuestionó que ni su oficina ni la alcaldía de Chicago hayan sido notificadas de la operación, denunciando una falta total de coordinación.
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Chicago ya había sido objeto de demandas y amenazas de recorte de fondos federales durante el primer mandato de Trump debido a sus políticas de santuario. Aunque dichas acciones fueron bloqueadas en tribunales, la administración republicana insiste ahora en una estrategia más agresiva para reforzar la aplicación de las leyes de inmigración en ciudades demócratas.
