Tribunal Supremo fija fecha del juicio contra Bolsonaro y ordena su arresto domiciliario

Pese al reciente arresto domiciliario del expresidente Jair Bolsonaro, el Supremo Tribunal Federal (STF) mantiene su calendario para iniciar en septiembre el juicio por el intento de golpe de Estado, considerado uno de los procesos penales más delicados y simbólicos de la historia democrática reciente de Brasil.

El caso se encuentra en su fase final de alegatos, el último paso antes de ser presentado ante la Primera Sala del Tribunal, responsable de analizar el fondo del proceso. Fuentes del STF y de la Procuraduría General de la República (PGR), citadas de forma confidencial por O Globo, estiman que el juicio comenzará a principios de septiembre, salvo imprevistos.

El arresto domiciliario no altera el cronograma, aseguraron los magistrados. Tampoco lo hará el aumento de las tensiones diplomáticas con Estados Unidos, luego de las denuncias sobre presiones ejercidas desde Washington contra el Poder Judicial brasileño. La Corte planea cerrar los cinco principales casos de la trama golpista antes de fin de año, los cuales implican a 33 acusados formalmente por la PGR.

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Una de las investigaciones más graves involucra la colaboración entre Jair Bolsonaro, su hijo Eduardo Bolsonaro (PL-SP) y autoridades estadounidenses, para presionar a las instituciones brasileñas. En su voto sobre las medidas cautelares, el magistrado Flávio Dino acusó al expresidente de intentar que EE.UU. impusiera sanciones económicas a Brasil con el fin de coaccionar al STF. “La coerción adquiere una forma sin precedentes: el ‘secuestro’ de la economía de una nación, con el fin de exigir que el Supremo pague el ‘rescate’ mediante la desestimación de una demanda”, escribió Dino, calificando el episodio como “absolutamente extraño” y digno de estudio académico incluso en universidades extranjeras.

En el mismo sentido, el magistrado Luiz Fux destacó la “importancia de la soberanía nacional”, afirmando que el STF ha demostrado “su independencia e impermeabilidad a las presiones”. “Los jueces deben obediencia únicamente a la Constitución y las leyes de su país [...] En el ámbito político, los contextos y las personas son transitorios. En el ámbito jurídico, los fundamentos de la República deben ser permanentes”, señaló.

El relator del caso, Alexandre de Moraes, aún debe solicitar al presidente de la Sala, Cristiano Zanin, que lo incluya formalmente en la agenda del Tribunal. Zanin decidirá si convoca sesiones extraordinarias, dado que otros casos sensibles también están en trámite.

Confesiones y planes de asesinato

Las revelaciones durante los interrogatorios han añadido peso al caso. El general retirado Mário Fernandes admitió haber redactado el documento conocido como "Plan Daga Verde y Amarilla", el cual, según la Policía Federal, describía posibles escenarios para asesinar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, al vicepresidente Geraldo Alckmin y al ministro Alexandre de Moraes. “Este archivo digital [...] es un análisis de riesgos que decidí digitalizar. No se compartió con nadie”, dijo el general, quien aseguró haberlo destruido poco después de imprimirlo.

Otro testimonio clave fue el del teniente coronel Hélio Ferreira Lima, quien confesó haber planeado el arresto de jueces del STF desde la División de Inteligencia del Ejército. Estas declaraciones refuerzan la percepción de que la investigación ha alcanzado un alto grado de solidez probatoria.

El STF también analiza otros procesos relevantes. La causa más avanzada es la que involucra a agentes de la Policía Militar del Distrito Federal, cuya actuación durante el intento de golpe será evaluada entre el 8 y el 18 de agosto en sesión virtual. El juicio se considera una prueba clave de responsabilidad institucional por los errores de seguridad del 8 de enero.

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Por otro lado, el asesinato de Marielle Franco, aún sin resolución tras seis años, podría llegar a juicio en septiembre. El juez Moraes es también el relator de ese proceso, que involucra a figuras como el exdiputado Chiquinho Brazão, el exjefe de policía Rivaldo Barbosa y el asesor del TCE, Domingos Brazão.

Finalmente, otro expediente que podría sumarse a la agenda en 2025 investiga malversación de fondos en enmiendas parlamentarias, con acusaciones contra los diputados federales Josimar Maranhãozinho, Pastor Gil y el suplente Bosco Costa, todos del Partido Liberal (PL). El caso aún está en fase probatoria.