Suspensión de visas a magistrados: ¿injerencia o derecho de Estados Unidos?

La embajada de Estados Unidos en Bogotá aseguró, el domingo anterior, que su gobierno tiene autoridad para revocar visas, en respuesta a una polémica surgida en Colombia por la cancelación de ese documento a dos magistrados de la Corte Constitucional y a uno de la Corte Suprema de Justicia.

"El Departamento de Estado tiene amplia autoridad para revocar visas basándose en información, que salga a la luz en cualquier momento, que indique que el titular de la visa puede ser inadmisible en Estados Unidos, o no cumpla con los requisitos de visa", dijo la embajada en un comunicado.

La revista Semana informó hace unos días que Estados Unidos le revocó el visado a los magistrados de la Corte Constitucional Diana Fajardo y Antonio José Lizarazo, al igual que a Eyder Patiño, de la Corte Suprema de Justicia. Según la publicación, en los dos primeros casos, Fajardo y Lizarazo pudieron recuperar el visado después de presentar a la sede diplomática unos documentos en los que se certifica que no tienen asuntos pendientes con la justicia.

La información de la embajada añade que "todas las decisiones con respecto a la elegibilidad para una visa se basan en las leyes y regulaciones de Estados Unidos". También explica que "bajo la ley de Estados Unidos, los expedientes de visas son confidenciales" y que no comentan "sobre casos de visas individuales".

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La determinación de cancelar las visas, según Semana, la tomó el gobierno de Estados Unidos por supuestos decisiones judiciales que afectan intereses de ese país en Colombia, entre ellos la extradición. El magistrado Lizarazo fue el ponente de la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP), que declaró constitucional el nuevo modelo de justicia y extradición para los desmovilizados de la antigua guerrilla de las Farc. Fajardo, por su parte, ha sido defensora del tema de la paz, así como del medioambiente y la salud, entre otros asuntos.

En su comunicado de este domingo, la embajada destaca que "Estados Unidos y Colombia tienen una larga historia de diálogos abiertos y sinceros". Y añade: "Valoramos especialmente la relación que hemos construido durante tres décadas con los valientes hombres y mujeres de la rama judicial colombiana, que trabajan incansablemente y con integridad para garantizar el Estado de derecho. Nuestra cooperación judicial ha dado resultados concretos a ambas naciones. Apreciamos nuestro diálogo continuo".

Lo ocurrido con los magistrados, según Semana, "fue objeto de una dura queja que puso la presidenta de la Corte Constitucional, Gloria Ortiz, al presidente colombiano, Iván Duque". La información detalla que "el pasado lunes 6 de mayo, acompañada del vicepresidente de esta corporación Alberto Rojas y de la magistrada Diana Fajardo sostuvieron una cita muy reservada en la Casa de Nariño donde expusieron (al presidente) sus temores por la falta de garantías que está afrontando la justicia".

La cancelación de estas visas se une a la del congresista John Jairo Cárdenas quien denunció el pasado 17 de abril que Estados Unidos le había anulado ese documento por hacer públicos detalles de una reunión con el embajador estadounidense en el país, Kevin Whitaker, en la que se habló de las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la JEP.

El pasado 10 de marzo, Duque devolvió al Congreso dicha ley por considerar que seis de sus artículos no garantizan la aplicación de los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición que forman parte del acuerdo de paz firmado con las Farc en noviembre de 2016. Las objeciones fueron rechazadas en la Cámara de Representantes, mientras que el Senado no logró ponerse de acuerdo sobre la legalidad de las votaciones por lo que la situación será definida por la Corte Constitucional.

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