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El subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, ha desempeñado un papel central en la dirección de los ataques estadounidenses contra presuntos barcos narcotraficantes venezolanos, según confirmaron tres personas familiarizadas con las operaciones al diario británico The Guardian. En algunos momentos, su influencia ha superado incluso a la del secretario de Estado y asesor de seguridad nacional, Marco Rubio, lo que refleja el creciente poder de Miller dentro del círculo cercano del presidente Donald Trump.
Los ataques, ejecutados con misiles Hellfire contra embarcaciones que Washington acusa de transportar narcóticos, han sido coordinados desde el Consejo de Seguridad Nacional (HSC), entidad que Miller dirige como asesor de seguridad nacional. A principios de este año, Miller promovió una reforma que otorgó al HSC autonomía plena durante el segundo mandato de Trump, rompiendo con la tradición de administraciones previas en las que estaba subordinado al consejo de seguridad nacional.
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Como resultado, el HSC se convirtió en el eje de la ofensiva marítima contra Venezuela. Su principal adjunto, Tony Salisbury, junto a un reducido grupo de asesores, han sido los encargados de decidir qué barcos atacar y de mantener la información en estricta reserva hasta horas antes de las operaciones. El 15 de septiembre, por ejemplo, un segundo barco venezolano fue destruido con misiles apenas horas después de que altos funcionarios de la Casa Blanca fueran notificados, pese a que el Pentágono había marcado el objetivo cuatro días antes.
Un portavoz presidencial insistió en que las acciones fueron ordenadas directamente por Trump: “Toda la administración está trabajando en conjunto para ejecutar la directiva del presidente con un éxito rotundo”, señaló en un comunicado. Sin embargo, el rol no divulgado de Miller y su influencia sobre la política hacia Venezuela explican por qué esta estrategia militar se convirtió en prioridad de la Casa Blanca.
La campaña se apoya en un fuerte despliegue militar en el Caribe y el Atlántico, que incluye al grupo anfibio de preparación Iwo Jima —con los buques USS San Antonio, USS Iwo Jima y USS Fort Lauderdale— y a la 22ª unidad expedicionaria de marines, con unos 6.700 efectivos.
El trasfondo legal de los ataques ha generado fuerte polémica. La Casa Blanca sostiene que Trump actuó bajo los poderes del Artículo II de la Constitución, que le permiten usar la fuerza en defensa propia. La justificación se basa en la designación del Tren de Aragua como organización terrorista extranjera, presentada por Miller a comienzos de año para sustentar deportaciones masivas de venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros. Según la administración, el grupo criminal estaría infiltrado en el régimen de Nicolás Maduro, lo que equivaldría a una “incursión depredadora” extranjera en territorio estadounidense.
“Es un cártel de la droga el que gobierna Venezuela… no es un gobierno”, declaró Miller este mes en la Casa Blanca, acusando a Maduro de liderar una organización narcotraficante. No obstante, hasta ahora no se han presentado pruebas de que el Tren de Aragua opere como brazo formal del Estado venezolano.
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El 2 de septiembre, el tribunal de apelaciones del quinto circuito dictaminó que las deportaciones amparadas en la Ley de Enemigos Extranjeros eran ilegales, al no haberse demostrado la conexión entre el Tren de Aragua y el régimen de Maduro. El fallo puso en entredicho la misma base legal que sustenta los ataques militares.
Aún no está claro quién avaló definitivamente la argumentación legal. El HSC no cuenta con asesores jurídicos propios tras la reestructuración del consejo en mayo. Según varias fuentes, el marco fue aprobado por el asesor general del Pentágono, Earl Matthews —exabogado de Trump en la Casa Blanca—, por el Departamento de Justicia y por la oficina legal presidencial.
