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Estados Unidos ha sancionado con restricciones de visado a ocho funcionarios cubanos debido a las "duras" sentencias contra los manifestantes que salieron a la calle el pasado 11 de julio, informó este jueves el secretario de Estado, Antony Blinken.
En un comunicado, Blinken acusa a los ocho funcionarios, a quienes no nombra, de estar "implicados en intentos de silenciar las voces del pueblo cubano mediante la represión, detenciones injustas y duras penas de prisión".
"Estas ocho personas incluyen a funcionarios cubanos relacionados con la detención, condena y encarcelamiento de manifestantes pacíficos del 11 de julio", añade.
Ese día Cuba fue escenario de manifestaciones históricas que se saldaron con un muerto, decenas de heridos y 1.320 personas detenidas, de las cuales 698 siguen en prisión, según el último cómputo de la oenegé de defensa de los derechos humanos Cubalex.
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Algunos de los presos viven en "condiciones de salud que empeoraron y sin acceso a alimentos, medicamentos o llamadas a sus seres queridos", afirma el comunicado del Departamento de Estado.
El gobierno estadounidense acusa a La Habana de utilizar "tácticas de intimidación continuas, encarcelamientos injustos y sentencias duras" con el objetivo de "negar a los cubanos su libertad y derechos".
Blinken quiere que los funcionarios cubanos que permiten "el agravio del régimen a la democracia y los derechos humanos" rindan cuentas y reitera el apoyo de Estados Unidos "al pueblo cubano".
Cuba, donde la disidencia está prohibida, acusa por su parte a Washington de instigar y financiar las protestas.
El presidente estadounidense Joe Biden prometió revisar la política de su predecesor Donald Trump, quien endureció el embargo económico impuesto a Cuba, pero después de las protestas de julio endureció el tono.
El Departamento del Tesoro impuso cuatro sanciones y en noviembre se adoptaron restricciones de visado contra nueve funcionarios relacionados con la represión de activistas del 15 de ese mes, cuando estaba prevista otra marcha opositora, frustrada por el temor a una posible represión del gobierno.
La isla, bajo embargo estadounidense desde 1962, vive su peor crisis económica en casi 30 años, con una grave escasez de alimentos y medicinas, así como un creciente descontento social que se ha materializado en una disidencia juvenil.
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