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La Cámara de Representantes de Estados Unidos sesionó y aprobó varias enmiendas relacionadas con el Acto de Autorización para la Defensa Nacional (NDAA por sus siglas en inglés), para el presupuesto y los gastos que se dispondrán para el Departamento de Seguridad Nacional.
Dos representantes demócratas incluyeron enmiendas relacionadas con Colombia y que contienen importantes condiciones para la asignación del presupuesto de defensa a nuestra nación. Una fue presentada por Alexandria Ocasio-Cortez que tiene que ver con la fumigación aérea.
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Lo aprobado dice textualmente que los fondos autorizados para Colombia en esta ley de presupuesto no pueden ser "apropiados o de otro modo disponibles para llevar a cabo directamente fumigaciones aéreas en Colombia, a menos que haya acciones demostradas por el Gobierno de Colombia para adherirse a las leyes y regulaciones nacionales y locales".
La segunda es de la autoría del representante Jim McGovern y está relacionada con los recientes casos de interceptaciones ilegales en Colombia y violaciones a derechos humanos por parte del Ejército nacional.
Dice la enmienda que promoviendo los derechos humanos en Colombia, "ningún equipo o suministros militares o de inteligencia transferidos o vendidos al Gobierno de Colombia en virtud de los programas de asistencia del sector de seguridad de los Estados Unidos deben usarse para fines de vigilancia ilegal o recolección de inteligencia dirigida a la población civil, incluidos defensores de derechos humanos, personal judicial, periodistas o la oposición política".
La enmienda de la Cámara Baja solicita, como condición para la asignación del presupuesto, que el departamento de Estado de Estados Unidos, en coordinación con el Secretario de Defensa y el Director de Inteligencia Nacional, presente un informe que evalúe "las acusaciones de que la asistencia del sector de seguridad de los Estados Unidos brindada al Gobierno de Colombia fue utilizada por o en nombre del Gobierno de Colombia con fines de vigilancia ilegal o recopilación de inteligencia dirigida a la población civil".
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Asimismo, una "investigación completa y transparente, según corresponda, y el enjuiciamiento bajo la ley aplicable de las personas en Colombia responsables de llevar a cabo vigilancia ilegal o recopilación de inteligencia".
Dicho informe debe incluir "los hallazgos con respecto a cualquier participación de las unidades militares, policiales, de seguridad o de inteligencia colombianas en la vigilancia ilegal o la recopilación de inteligencia dirigido a sectores de la población civil y no combatientes desde 2002 hasta 2018" y también 2019 y 2020.
Entre otras cosas, se pide análisis sobre la respuesta del Gobierno colombiano a estos casos citados y a la "idoneidad de la doctrina y capacitación militar y de seguridad colombiana para garantizar que las operaciones de vigilancia y recopilación de inteligencia se lleven a cabo de acuerdo con las obligaciones internacionales de derechos humanos".
Todo lo aprobado en la Cámara de Representantes deberá pasar ahora por el pleno del Senado estadounidense para ordenarse y aplicarse al presupuesto final del Departamento de Seguridad.
