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El Parlamento venezolano autorizó el uso de 3,5 millones de dólares de cuentas bajo control del opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por medio centenar de países, para la defensa legal del Estado en el exterior.
Los recursos, que están depositados en Estados Unidos, serán administrados por un "Fondo Especial de Litigio" creado por el Legislativo, de mayoría opositora y presidido por Guaidó.
Su destino será la defensa "judicial y extra-judicial" de los activos administrados por el Banco Central de Venezuela (2 millones de dólares) y la petrolera estatal Pdvsa (1,5 millones de dólares), señala un acuerdo aprobado en plenaria.
Servirán para pagar "honorarios profesionales y gastos legales asociados a la protección, recuperación y control de activos", detalló el texto.
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En el marco de su lucha de poder con el mandatario socialista, Nicolás Maduro, Guaidó ha designado juntas administradoras del Banco Central y Pdvsa, que son desconocidas por la justicia venezolana, de línea oficialista.
Asimismo, Estados Unidos, su mayor aliado, le entregó el control de Citgo, filial de Pdvsa en ese país y mayor posesión de Venezuela en el extranjero.
Como parte de las sanciones para forzar a Maduro a dejar el poder, Washington también congeló los activos del gobierno venezolano en territorio estadounidense el pasado 5 de agosto.
Sumido en la peor crisis económica de su historia moderna, el país petrolero enfrenta varias demandas en tribunales internacionales derivadas de incumplimientos en el pago de su deuda externa, estimada en unos 140.000 millones de dólares.
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El 29 de octubre, Guaidó pidió a una corte de Nueva York declarar nulo un bono de deuda para evitar que los acreedores se queden con Citgo.
El 50,1 % de las acciones del refinador fueron puestas en garantía por el gobierno de Maduro en una operación de canje en 2016, que el Parlamento considera ilegal al no haber contado con su autorización.
Pdvsa dejó de pagar el 28 de octubre 913 millones de dólares en capital e intereses de esos títulos.
A finales de 2017, Estados Unidos prohibió a sus ciudadanos transar nueva deuda pública de Venezuela, lo que frustró los planes de Maduro de renegociar papeles que terminaron siendo declarados en default.
