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Una experta de la ONU se mostró este viernes preocupada por las consecuencias de las leyes antiterroristas en Francia en los derechos y las libertades, principalmente de la comunidad musulmana, que puede resultar estigmatizada y marginada.
En un comunicado, la ponente especial de Naciones Unidas sobre la protección de los derechos humanos en un contexto antiterrorista, Fionnuala Ní Aoláin, recomendó al Gobierno francés la creación de un órgano independiente que se encargue de supervisar el dispositivo y los "poderes excepcionales" relativos a la seguridad interior.
Para Ní Aoláin, queda claro que las "medidas de excepción" aplicadas mientras duró el estado de emergencia y luego con la nueva ley que desde el 1 de noviembre ha venido a reemplazarlo han tenido "principalmente" como objetivo "la comunidad musulmana francesa".
Señaló, como ejemplo, la decisión del cierre de mezquitas que supone "un obstáculo al ejercicio de la libertad religiosa".
"Es inquietante -subrayó- ver que se percibe a la minoría musulmana como un 'grupo sospechoso' a causa de la aplicación ampliada y prolongada de las leyes antiterroristas".
Las autoridades francesas han recurrido al cierre administrativo de algunas mezquitas con el argumento de que allí se propagaban discursos de odio, extremistas o de connivencia con el terrorismo.
Según el análisis de la experta, que realizó una misión en Francia del 14 al 23 de mayo a invitación del Gobierno, el Estado tiene derecho a adoptar restricciones para garantizar el orden público.
Pero ese carácter excepcional queda en entredicho "cuando las medidas antiterroristas suponen consecuencias profundas, duraderas y potencialmente desproporcionadas para el ejercicio de los derechos humanos fundamentales y de las libertades cívicas".
La ponente especial de la ONU dijo estar inquieta por la limitación de responsabilidades ante las posibles violaciones de derechos perpetradas durante los casi dos años de vigencia del estado de emergencia, desde la oleada de atentados yihadistas en París el 13 de noviembre de 2015, a causa de la cual fueron asesinadas 130 personas y varios cientos resultaron heridas.
Y también por la "insuficiencia" de contrapoderes para proteger a personas sujetas a medidas administrativas, en especial las que limitan su libertad de movimientos, su derecho a la vida familiar y a la libertad religiosa.
Para Ní Aoláin, las medidas antiterroristas adoptadas en Francia deberían ajustarse el derecho internacional y abordar no sólo las manifestaciones del terrorismo sino también "las condiciones propicias que llevan a su propagación".
