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El Gobierno de Nicaragua presentará este martes una iniciativa de Ley que busca dar atención integral a parte de las víctimas de las protestas sociales que se desataron contra el presidente Daniel Ortega, desde el 18 de abril de 2018, por una impopular reforma a la seguridad social.
La iniciativa, denominada "Ley del Plan Integral de Atención a Víctimas del Terrorismo Golpista de Abril, Mayo, Junio y Julio del 2018", será introducida en el Parlamento controlado por el oficialismo, con el objetivo de que sea "discutida ampliamente" en el plenario, dijo el ministro de Relaciones Exteriores nicaragüense, Denis Moncada, en una comparecencia de prensa.
"Esta Ley, como sabemos, vendrá a beneficiar a aquellas personas y familias que fueron víctimas del terrorismo golpista, que perdieron seres queridos, que sufrieron pérdidas materiales, y que todavía hoy deben ser atendidas por lesiones sicológicas graves, derivadas de las acciones violentas del fallido golpe de Estado", señaló el funcionario.
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El Gobierno de Ortega califica como un intento de golpe de Estado las protestas que se desataron hace más de un año y que han dejado cientos de muertos y de detenidos, decenas de miles en el exilio, y una economía en caída libre.
La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, contraparte del Gobierno en una mesa de negociación para superar el conflicto interno, ha advertido que el Ejecutivo busca aprobar una amnistía para proteger a los policías y personas afines a Ortega que han cometido crímenes durante la crisis sociopolítica que afecta al país.
La Alianza Cívica ha dicho que no acepta esa propuesta, ya que "la solución al tema de la justicia es más complicado que eso", por lo que ha propuesto crear una verdadera Comisión de la Verdad para establecer "una política pública de reparación ética, moral, económica, incluso psicológica para las víctimas y sus familias".
En abril de 2018, la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, creó una Comisión de la Verdad, Justicia y Paz para investigar las muertes en las protestas antigubernamentales, cuyas conclusiones no son creíbles para la oposición.
Por su lado, la Asociación Madres de Abril (AMA) ha denunciado al Gobierno de Daniel Ortega y al Poder Judicial de Nicaragua de buscar impunidad y no querer esclarecer las muertes ocurridas en el marco de la crisis.
La AMA ha dicho de que no avalará ningún tipo de acuerdo de amnistía que deje en la impunidad los crímenes que se han registrado durante la crisis en Nicaragua.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.
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Mientras el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), tutelados por la CIDH, asegura que existen pruebas para argumentar que el Gobierno de Ortega ha incurrido en delitos de lesa humanidad en el marco del conflicto.
Nicaragua atraviesa una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril de 2018, de acuerdo con la CIDH, aunque algunos grupos elevan a 593 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 -que llama "terroristas", "golpistas" y "delincuentes comunes"- y denuncia un intento de golpe de Estado.
Ortega, quien lleva más de doce años en el poder de manera continua, no acepta responsabilidad en la crisis ni tampoco los señalamientos generalizados sobre graves abusos de las autoridades contra los manifestantes antigubernamentales.
