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Al menos 600 civiles murieron desde el pasado 9 de noviembre en un ataque perpetrado por fuerzas leales al Frente de Liberación de Tigray (TPLF), partido que gobierna la región y contra el que el Ejecutivo de Etiopía lanzó una ofensiva militar, según informó hoy la Comisión Etíope de Derechos Humanos (EHRC).
La masacre tuvo lugar en la localidad tigriña de Maikadra y la mayoría de las víctimas fueron hombres de las etnias amhara y wolkaits, quien fueron separados del resto de la población por los atacantes, precisó la EHRC, una institución independiente defensora de los derechos humanos, en un informe preliminar sobre la matanza.
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"Si bien aún no es posible verificar el número exacto de muertos, heridos físicos y/o los que sufrieron daños materiales, los miembros del Comité de Entierro, creado después del ataque, testigos oculares y otras fuentes locales estiman que un mínimo de 600 (civiles) han muerto", afirmó la EHRC.
"Y dicen que es probable que el número sea aún mayor", señaló la Comisión, al subrayar que el número de fallecidos era tan elevado y los cementerios tan limitados, que "el entierro duró tres días" en Maikadra, una localidad rural de la región etíope de Tigray próxima a la frontera con Sudán.
Días antes del ataque, cuando el Ejército etíope se aproximaba a la localidad, de entre 40.000 y 45.000 habitantes (tigriñas, amharas y wolkaits, principalmente), efectivos de la policía y una milicia local cerraron todas las salidas de la población.
También dejaron marchar a mujeres y niños de origen tigriña antes de la masacre, cometida el 9 de noviembre hasta primera hora de la mañana del día siguiente, antes de que entrara en la ciudad el Ejército etíope.
La matanza fue obra, en gran parte, del movimiento juvenil Samri, ligado al TPLF, que asesinó a sus víctimas mediante golpes con palos, puñaladas con machetes, cuchillos y hachas; y estrangulamiento con cuerdas.
Aunque varios grupos de Samri perpetraron la matanza, "la policía y la milicia (...) ayudaron y directamente participaron en la carnicería al disparar a los que intentaron escapar", matizó el informe.
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"El ataque de Maikadra no es un simple acto delictivo, sino una grave violación premeditada y cuidadosamente coordinada contra los derechos humanos", remarcó la Comisión.
A su juicio, esas "graves violaciones de derechos humanos" pueden constituir "crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra".
La EHRC basó su informe en las investigaciones de un equipo de expertos que envió a la zona y recabó testimonios y pruebas de víctimas, testigos presenciales, familias de víctimas, socorristas, personal militar y otras fuentes, incluidas las autoridades gubernamentales presentes en el momento de la visita. El equipo también visitó hospitales y centros de salud y habló con sobrevivientes y otras autoridades pertinentes.
La organización pro derechos humanos Amnistía Internacional (AI) ya alertó de esta matanza el pasado día 12, si bien no concretó el número de víctimas y se limitó a indicar entonces que "probablemente" pudieron ser "cientos".
"Ahora es una prioridad urgente que las víctimas reciban reparación y rehabilitación, y que los perpetradores involucrados directa o indirectamente a todos los niveles rindan cuentas ante la ley", declaró hoy el comisionado jefe de la EHRC, Daniel Bekele.
"El crimen inimaginablemente atroz cometido contra civiles sin otro motivo que no sea su origen étnico es desgarrador. Sin embargo, nos consuelan las historias de etíopes que vieron más allá del origen étnico para acudir en ayuda de sus compatriotas en momentos de necesidad. Estas historias mantienen viva la esperanza de un retorno a la convivencia pacífica", añadió Bekele.
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Ultimátum
El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, anunció una tercera y "última" fase de la ofensiva del Ejército etíope para tomar la capital de Tigray, Mekele, y derrocar al TPLF, al que dio 72 horas para deponer las armas, ultimátum que se cumple mañana.
Tigray, región fronteriza con Eritrea y Sudán, sigue aislada y con las telecomunicaciones cortadas desde el inicio de esta guerra el pasado 4 de noviembre por parte del Gobierno central en represalia por un ataque del TPLF a una base del Ejército etíope en la región.
Este aislamiento hace muy difícil verificar la información de uno y otro bando sobre el terreno. De momento, Abiy, ganador del Premio Nobel de la Paz de 2019, ha desoído los llamados internacionales al cese de las hostilidades y rechaza negociar con el TPLF para resolver la crisis, que ha causado cientos de muertos y la huida a Sudán de más de 40.000 etíopes.
El contencioso entre Tigray y el Gobierno federal venía agravándose desde hace meses, con el retraso indefinido de las elecciones generales que se debían celebrar el pasado agosto en Etiopía como punto de inflexión.
Tras la demora de las elecciones por la covid-19, el TPLF celebró el pasado septiembre sus propios comicios parlamentarios, que el Gobierno central tachó de ilegales, de ahí que ahora busque restablecer en Tigray el "orden constitucional".
Asimismo, desde el 5 de octubre, fecha en la que teóricamente vencía el mandato de Abiy, el gobierno de Tigray no reconoce autoridad alguna del Ejecutivo federal. El TPLF dominó la coalición gobernante en Etiopía hasta la llegada al poder del actual primer ministro en 2018.
