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El anuncio de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sobre un “incremento responsable” del salario mínimo volvió a encender el debate económico en el país y ahora, en las calles de Caracas. La medida, aún sin cifras oficiales, llega en un contexto de profunda fragilidad para trabajadores y pensionados, cuyos ingresos permanecen prácticamente congelados desde hace cuatro años.
Testigos han dado cuenta de manifestaciones masivas de trabajadores en la mañana y tarde de este jueves, por ahora, sin reportes de heridos o muertos.
Los manifestantes han marchado hacia el Palacio de Miraflores, inconformes con la ausencia de detalles sobre el incremento en la alocución ofrecida por Rodríguez. Incluso, algunos han intentado acceder al perímetro de seguridad de la sede presidencial.
Actualmente, el salario mínimo ronda los 130 bolívares, equivalentes a apenas 0,27 dólares, según la tasa de cambio oficial. La mandataria aseguró que el próximo 1 de mayo, en el marco del Día del Trabajador, se detallará el alcance del ajuste. Sin embargo, persisten dudas sobre si el aumento será aplicado directamente al salario base o si continuará la tendencia de incrementos vía bonos, que no impactan prestaciones ni pensiones.
El contraste es contundente: la canasta básica familiar se ubica en 677 dólares, lo que evidencia una brecha insostenible entre ingresos y necesidades básicas. En paralelo, la inflación sigue siendo un factor determinante. El índice de precios cerró 2025 en 475 %, y solo en los dos primeros meses de 2026 acumuló un 51,9 %, según cifras oficiales. La propia Rodríguez advirtió que aumentos sin respaldo productivo podrían “disparar la inflación y destruir el poder de compra”.
Aumento de salario en una economía moribunda
El trasfondo estructural es aún más complejo. La presidenta reconoció que el Producto Interno Bruto de 2025 equivale apenas al 36 % del nivel registrado en 2012, en plena bonanza petrolera. Aunque la producción de crudo ha mostrado señales de recuperación —superando el millón de barriles diarios en febrero, según la OPEP—, los efectos sobre la economía real siguen siendo limitados.
En este contexto, el Gobierno apuesta por una nueva ley de hidrocarburos para atraer inversión extranjera y por la eventual recuperación de activos bloqueados. Rodríguez prometió que estos recursos se destinarán a mejorar pensiones e ingresos, aunque el sistema previsional enfrenta un severo desequilibrio: hay más pensionados que cotizantes.
Las cifras oficiales indican 5,7 millones de pensionados frente a 5,3 millones de trabajadores activos, lo que obliga al Estado a financiar el 91 % de las pensiones. En la práctica, muchos jubilados reciben entre 30 y 40 dólares mensuales, reflejando un deterioro profundo del poder adquisitivo.
A esto se suma la alta informalidad, la dolarización de facto en el sector privado y el impacto de los bonos, que no se contabilizan para aportes. El éxodo de casi 8 millones de venezolanos, en su mayoría en edad productiva, ha agravado aún más el desbalance.
El llamado oficial a la diáspora para regresar al país también enfrenta escepticismo. Rodríguez invitó a los migrantes a sumarse a la construcción de una “nueva institucionalidad”, tras la salida del poder de Nicolás Maduro. Sin embargo, analistas advierten que sin mejoras salariales reales, estabilidad económica y reactivación del crédito productivo, el retorno masivo es improbable.
