Julio marca el mayor número de vuelos de deportación desde Estados Unidos

Cada semana, frente al Aeropuerto Internacional del Condado de King en Seattle, un grupo de defensores de los derechos de los inmigrantes se da cita para observar los vuelos de deportación que despegan en silencio hacia distintos puntos de Estados Unidos y América Latina. Su labor consiste en contar cuántas personas son subidas a los aviones, registrar si presentan problemas de salud y ofrecer información a las familias que, en muchos casos, no reciben datos oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Hasta hace poco, los voluntarios podían seguir con relativa facilidad la ruta de estos vuelos mediante plataformas públicas como FlightAware o FlightRadar24. Pero ahora, aseguran, el panorama ha cambiado: las aerolíneas contratadas por ICE empezaron a usar códigos de vuelo alterados y a bloquear los números de cola de sus aviones, lo que dificulta cualquier intento de seguimiento. El resultado es una mayor opacidad justo cuando el número de deportaciones alcanza cifras récord en el segundo mandato de Donald Trump.

Lea más: Trump pedirá pena de muerte para quien cometa asesinatos en Washington

Uno de los principales monitores de estos vuelos, Tom Cartwright, exejecutivo financiero convertido en activista, documentó 1.214 vuelos de deportación en julio, el mayor número desde que comenzó su registro en 2020. Según sus datos, desde que Trump asumió nuevamente la presidencia, se han realizado 5.962 vuelos hasta julio de 2025, un aumento del 41 % respecto al mismo período de 2024. Cerca del 80 % de esas operaciones son realizadas por GlobalX, Eastern Air Express y Avelo Airlines, compañías que trasladan inmigrantes hacia centros de detención o directamente a la frontera con México y a países de Centroamérica.

Las cifras de Cartwright incluyen 68 vuelos militares en lo que va del año, muchos con destino a la base de Guantánamo, Cuba. La carga de trabajo llevó a su organización, Witness at the Border, a ceder recientemente la tarea a Human Rights First, que lanzó el proyecto “ICE Flight Monitor”. “Su labor aporta una transparencia esencial a las acciones del gobierno de EE. UU. que impactan miles de vidas”, señaló Uzra Zeya, director ejecutivo de la ONG.

En Seattle, el grupo La Resistencia ha contabilizado 59 vuelos desde Boeing Field y cinco desde Yakima en lo que va de 2025, superando los registros de todo el año anterior. Solo en el centro de detención de Tacoma, vinculado a ICE, ingresaron 1.023 personas y salieron 2.279, muchas rumbo a estados fronterizos. “ICE está haciendo todo lo posible para que sea lo más difícil posible diferenciar sus operaciones de las de cualquier aerolínea comercial”, denunció la organizadora Guadalupe González.

La opacidad es facilitada por un programa federal, el LADD (Limitación de Datos de Aeronaves Visualizados), que permite a las aerolíneas restringir la visibilidad de sus vuelos. En marzo, según FlightRadar24, se añadieron a esta lista más de una docena de aviones utilizados por contratistas de ICE, una decisión que activistas interpretan como un intento de blindar las deportaciones del escrutinio público.

Actualícese: El Kremlin rechaza tropas europeas en Ucrania por ser parte de la OTAN

En Boeing Field, sin embargo, la resistencia ciudadana encontró un aliado inesperado: las cámaras de seguridad del propio condado de King, instaladas en 2023 por orden del ejecutivo local Dow Constantine. Gracias a esas imágenes, cualquiera puede ver a los inmigrantes siendo escoltados desde autobuses hasta los aviones, muchas veces encadenados de pies a cabeza. En un reciente vuelo, un hombre anciano con bastón necesitó la ayuda de un oficial para subir, escalón por escalón, antes de ser trasladado.

“Los cachean, les revisan la boca, les ajustan las cadenas. Es un procedimiento humillante que vemos en tiempo real”, relató Stan Shikuma a la Associted Press, uno de los voluntarios que observan las transmisiones. En un edificio cercano, las escenas se proyectan en una pantalla gigante, como un recordatorio visible de un proceso que el gobierno federal prefiere mantener oculto.