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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, hizo un "uso ilegítimo" de su poder: así lo declaró este lunes la fiscal general en la reanudación del juicio por corrupción contra el jefe del gobierno, mientras se inician unas consultas poselectorales claves para su futuro político.
El primer ministro de 71 años, 15 de ellos en el poder, está acusado de corrupción, fraude y abuso de confianza en tres casos. Él niega los cargos.
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Netanyahu hizo un mal uso del "gran poder gubernamental que se le confió, entre otras cosas para exigir y obtener beneficios indebidos de los propietarios de los principales medios de comunicación en Israel con el fin de promover sus asuntos personales, incluso cuando aspiró a ser reelecto", dijo la fiscal Liat Ben-Ari.
En los alrededores del tribunal, grupos de manifestantes, que desde hace meses reclaman la dimisión de Netanyahu, mostraban pancartas que rezaban: "Mentiroso", "Vigilamos la democracia". Decenas de partidarios también se reunieron en el lugar.
El primer ministro estuvo presente en el tribunal de distrito de Jerusalén para las declaraciones iniciales de la fiscal, y se fue antes de la comparecencia del primer testigo, Ilan Yehoshua, ex director general del sitio de noticias Walla.
"Estaba claro que éramos un sitio de internet que hacía lo que la oficina del primer ministro nos decía que hiciéramos", afirmó a los jueces Yehoshua, según el cual se pidió en particular la publicación de artículos contra los principales rivales de Netanyahu.
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Negociaciones
Entretanto, esta misma mañana del lunes, el presidente israelí, Reuven Rivlin, comenzó negociaciones de dos días con altos cargos de los partidos, decisivas para el futuro político de Netanyahu.
El Likud, el partido de derecha del primer ministro, ganó las elecciones legislativas del 23 de marzo, las cuartas en menos de dos años, con 30 de los 120 escaños de la Knéset (parlamento).
Pero aunque les sume los de sus aliados sigue sin alcanzar la mayoría de 61 escaños necesaria para formar un gobierno estable. Muchos partidos rivales quieren acabar con sus 12 años seguidos de mandato.
A falta de un líder común entre sus contrincantes es posible que Netanyahu obtenga el mayor número de recomendaciones, con el apoyo de los 16 diputados de los partidos ultraortodoxos Shas y Judaísmo Unido de la Torá y los seis de la alianza de extrema derecha Sionismo Religioso.
Normalmente se designa al candidato que recibe más recomendaciones y dispone de 28 días para formar gobierno, un plazo que el presidente puede prolongar 14 días.
Pero Rivlin insinuó la semana pasada que los cálculos de escaños podrían no ser el único factor a la hora de tomar una decisión y que el miércoles nombraría un diputado capaz de formar un gobierno que "curará las divisiones (...) y reconstruirá la sociedad".
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No se descarta que se necesiten "coaliciones fuera de lo común" para sacar a Israel del estancamiento político, añadió el presidente.
Como en el pasado la relación entre Netanyahu y Rivlin ha sido ruda, el Likud interpretó estas declaraciones como una señal de apoyo tácito al bando anti-Bibi, como lo llaman sus partidarios.
El partido acusa a Rivlin, que fue miembro del Likud cuando era diputado, de extralimitarse en sus funciones, más que nada honoríficas.
En el bloque opuesto al primer ministro, el partido Yesh Atid, del centrista Yair Lapid, es el que tiene más escaños (17).
Pero formar una coalición anti-Netanyahu necesita una alianza bastante improbable entre Yair Lapid, Gideon Saar, exministro conservador de Netanyahu, Naftali Bennett, líder de la derecha radical y exaliado del primer ministro, y otros partidos del centro y de la izquierda.
Y los dos bandos necesitan para formar gobierno el apoyo del partido islamista Raam de Mansur Abas, que fue la gran sorpresa electoral con cuatro escaños. Él se declara abierto a negociar con ambas partes.
El partido Sionismo Religioso advirtió que no integrará un gobierno junto con Raam. Si ninguno de los bandos logra formar una coalición se podrían convocar nuevos comicios, lo cual prolongaría la crisis.
El juicio de Netanyahu no amenaza sus aspiraciones a corto plazo. Solo se vería obligado a dimitir en caso de una condena firme y una vez que se agoten todos recursos, algo que podría llevar años.
