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La apertura de iglesias y templos este Domingo de Resurrección, autorizada el sábado por un juez del Tribunal Supremo, se ha convertido en objeto de discusión en Brasil, en momentos en los que el país vive la peor fase de la pandemia y supera ya las 330.000 muertes por la covid-19.
Cultos y misas fueron celebrados este domingo en todo el país tras el aval de Kassio Nunes Marques, uno de los once magistrados de la máxima corte y quien consideró que la prohibición hiere el derecho de libertad religiosa, pese al fuerte avance del virus.
Las celebraciones religiosas habían sido prohibidas por una parte de los gobernadores y alcaldes de Brasil, en el marco de una serie de restricciones de movilidad impuestas para contener el avance de una enfermedad que sigue fuera de control.
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Brasil, el país más afectado por la pandemia en la actualidad, sobrepasó el sábado la marca de los 330.000 muertos por coronavirus y se aproxima a los 13 millones de casos, tras registrar varios récords de infecciones y decesos en las últimas semanas.
El magistrado, quien fue indicado a la plaza del Supremo por el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, consideró que la "actividad religiosa" es un servicio "esencial" en "momentos tan difíciles" como el que atraviesa la nación suramericana.
Resaltó también que la Semana Santa "representa un momento de singular importancia para la celebración de sus creencias" en un país en el que el 80 % de la población se cristiana, según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística.
La decisión de Nunes, sin embargo, fue contestada públicamente por el alcalde de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, quien advirtió que la capital del estado de Minas Gerais mantendría la prohibición de cultos y misas presenciales.
"En Belo Horizonte, acompañamos el pleno del Supremo Tribunal Federal. Lo que vale es el decreto del alcalde. Están prohibidos los cultos y misas presenciales", declaró Kalil en su cuenta de Twitter la noche del sábado.
Este domingo Nunes reforzó su pulso y notificó al alcalde de Belo Horizonte para que cumpla "con máxima urgencia" la decisión judicial, la cual limita al 25 % la ocupación de los espacios religiosos y exige el uso de máscaras en templos e iglesias.
No obstante, la determinación del juez, que deberá ser analizada por el pleno del Supremo, va en contramano con la decisión adoptada por la máxima corte del país, la cual ratificó la autonomía de los gobernadores y alcalde en la adopción de medidas para frenar el virus.
En ese sentido, el Frente Nacional de Alcaldes instó al presidente del tribunal, Luiz Fux, a que se manifieste sobre la decisión adoptada por Nunes y oriente a los regidores sobre qué norma debe de ser seguida.
"¿(Seguimos) la decisión del plenario (del Supremo), que determinó que los municipios tienen prerrogativa de establecer la apertura o cierre de las actividades en sus territorios, o esa cautelar?, cuestionó el presidente del Frente, Jonas Donizette.
La mayoría de los estados y municipios de Brasil han impuesto medidas para contener el virus, entre ellas Sao Paulo y Río de Janeiro, las cuales han determinado el cierre de todos los servicios no esenciales y adelantado un serie de festivos para restringir la circulación de personas.
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Dichas medidas han sido duramente criticadas por el presidente Bolsonaro, quien ha instado a la población a volver a la normalidad para mantener a flote la maltrecha economía del país, pese a la dramática situación de la pandemia.
El líder de la negacionista ultraderecha brasileña, quien se encuentra bajo presión por su errática gestión de la pandemia, declaró el sábado que la "guerra" librada contra gobernadores y alcaldes "no es política", sino por el "por el futuro de la nación".
