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El asesor político J.J. Rendón, estratega general del Comité Presidencial de Juan Guaidó, presentó su carta de renuncia irrevocable al presidente interino de Venezuela tras el escándalo por el contrato que suscribió con mercenarios estadounidenses para derrocar el régimen de Nicolás Maduro.
Según el contrato revelado por La FM, el plan tenía un costo que supera los 212 millones de dólares y fue suscrito por la empresa de seguridad Silvercorp, en cabeza de Jordan Goudreau, ex miembro de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos y el estratega político J.J. Rendón. Su fin era "planificar y ejecutar una operación para capturar/ detener o eliminar a Nicolás Maduro" e "instalar al reconocido presidente Juan Guaidó".
En diálogo con este medio, el mismo J.J. Rendon admitió que firmó el preacuerdo pero que "no llegó a hacerse efectivo", porque después de analizar todos los escenarios consideraron que era mejor no ejecutarlo.
Ahora cinco días después de haber estallado el escándalo, Rendón decidió renunciar a su cargo.
"Consecuente con mis principios, mi actuar y mi propio discurso, pongo la causa por delante de cualquier cosa, porque está por encima de cualquier ego, y renuncio al cargo que he desempeñado desde agosto de 2019 para atender la crisis venezolana", dice la misiva presentada a Guaidó.
En ella señala que prefiere hacerse a un lado para que su permanencia en el cargo no sea un argumento "de quienes anteponen sus intereses por encima de la causa para afectar su labor (Guaidó) y desmerecer la lucha de tantos venezolanos dignos y la suya propia (...) que no sea la tergiversación de mis aportes y esfuerzos un nuevo argumento de la mafia enquistada en el poder".
También pide perdón a "los venezolanos que reclamaron acciones más concretas del Comité que un diálogo", por no haberles compartido las exploraciones frente a otros escenarios que analizaban y lamentó que alguien haya roto la confidencialidad de ese pacto.
En la carta aclaró que jamás pensaron en participar en actividades violentas y mucho menos ilegales o con sujetos que fueran buscados por la justicia de otros países.
Desmiente que los gobiernos de Colombia o de Estados Unidos tuvieran conocimiento de este plan de ataque, a lo que calificó como "calumnias elaboradas que han pretendido afectar a los gobiernos amigos".
