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Un grupo de juristas internacionales presentó un informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el que denuncia posibles crímenes de lesa humanidad cometidos durante el régimen de excepción implementado por el gobierno del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, como parte de su estrategia para combatir a las pandillas.
El documento fue presentado durante el 195.º período de sesiones de la CIDH, celebrado en Ciudad de Guatemala, y sostiene que existen “bases razonables” para creer que se han cometido graves violaciones de derechos humanos desde marzo de 2022, cuando el Congreso salvadoreño aprobó el régimen de excepción tras una ola de violencia atribuida a pandillas.
“Se están cometiendo crímenes de lesa humanidad: encarcelamiento arbitrario, tortura, asesinatos, desapariciones forzadas, violación sexual y persecución”, afirma el informe elaborado por el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES).
Desaparición forzada y asesinatos
Según el documento, hasta febrero de 2025 se habían reportado 540 casos de desaparición forzada, mientras que 403 personas murieron bajo custodia en cárceles salvadoreñas hasta agosto de ese mismo año, entre ellas cuatro menores de edad.
El informe sostiene además que existe “responsabilidad internacional” no solo del Estado salvadoreño sino también de personas individuales, de acuerdo con los principios del derecho penal internacional.
El análisis del GIPES documenta múltiples tipos de abusos, incluyendo encarcelamiento masivo, torturas, asesinatos, desapariciones forzadas, violencia sexual y persecución contra distintos sectores de la sociedad.
“Se documentó tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes: golpizas, descargas eléctricas, violencia sexual, desnudez forzada, violencia psicológica, falta de acceso a alimentos, agua, salud y ventilación”, señala el informe, que describe estos actos como “generalizados” y “sistemáticos”.
El documento también acusa al gobierno salvadoreño de haber desplegado campañas de descrédito contra periodistas y organizaciones de derechos humanos, a quienes —según el informe— se les ha señalado desde altas autoridades como “enemigos del progreso del pueblo” o “traidores”.
Asimismo, sostiene que se utilizaron mecanismos de vigilancia física y digital para controlar el espacio cívico, mientras se criminalizaba el escrutinio público.
Los expertos instaron al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a crear una misión internacional de determinación de hechos que investigue las presuntas violaciones y garantice justicia para las víctimas.
También recomendaron al gobierno salvadoreño crear una comisión independiente de revisión de los casos de personas detenidas, con apoyo internacional, con el fin de enfrentar la crisis carcelaria, revisar las reformas penales aprobadas durante la emergencia y poner fin al régimen de excepción.
El régimen fue instaurado después de que 62 personas fueran asesinadas en un solo día en marzo de 2022, en una de las jornadas más violentas registradas en el país. Tras ese episodio, el Congreso aprobó la medida a solicitud del presidente Bukele.
La versión oficial del Gobierno
Bajo el estado de excepción se suspendieron varios derechos constitucionales, entre ellos el derecho a ser informado de los motivos de la detención y el acceso inmediato a un abogado. Además, las autoridades pueden intervenir comunicaciones sin orden judicial y el plazo máximo de detención sin audiencia se amplió de 72 horas a 15 días.
Desde que comenzó la política de seguridad, el gobierno asegura haber capturado a 91.300 personas acusadas de pertenecer o colaborar con pandillas. El propio Bukele ha reconocido que alrededor de 8.000 detenidos fueron liberados tras comprobarse que eran inocentes.
El vicepresidente Félix Ulloa afirmó recientemente que “es una leyenda” atribuir al régimen de excepción las muertes registradas en las cárceles, mientras el Ejecutivo destaca que su estrategia ha permitido una reducción histórica de los homicidios en un país que durante años fue considerado uno de los más violentos del mundo.
