Venezuela reconoció el domingo la muerte de un dirigente opositor encarcelado desde hace un año, mientras Washington tachó de "vil" al gobierno del mandatario Nicolás Maduro en medio de la creciente presión militar estadounidense en la región.
Alfredo Díaz había sido arrestado en el punto álgido de la crisis poselectoral desatada tras las controvertidas elecciones de julio de 2024, en las que Maduro fue proclamado para un tercer mandato. La oposición denuncia fraude electoral y reivindica el triunfo del opositor Edmundo González Urrutia, hoy en el exilio.
El Ministerio para el Servicio Penitenciario informó el domingo el fallecimiento del opositor de 56 años, señalado por "terrorismo" e "instigación al odio".
"Estaba siendo procesado, con plena garantía de sus derechos, de acuerdo con el ordenamiento jurídico y al respeto de los derechos humanos y su defensa jurídica", aseguró en un comunicado.
"El día sábado 06 de diciembre de 2025, aproximadamente a las 06:33 horas, el ciudadano Alfredo Javier Díaz manifestó síntomas compatibles con un infarto del miocardio (...) fue trasladado al Hospital Clínico Universitario, donde ingresó y, al tratar de estabilizarlo, lamentablemente falleció minutos después", agregó el texto.
Díaz, quien fue gobernador del estado Nueva Esparta entre 2017 y 2021, es el sexto miembro de la oposición venezolana en morir en prisión desde noviembre de 2024.
"La muerte del prisionero político venezolano Alfredo Díaz, quien fue detenido arbitrariamente en el centro de tortura de Maduro, El Helicoide, es otro recordatorio de la vil naturaleza del régimen criminal de Maduro", indicó el Departamento de Estado estadounidense en la cuenta en X de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental.
La reacción de Washington ocurre cuando una flotilla estadounidense, que incluye al portaaviones más grande del mundo, ejecuta operaciones antinarcóticos en el Caribe.
Caracas afirma que las maniobras emprendidas por la administración de Trump buscan derrocar a Maduro.
"Patrón de represión"
La dirigente opositora María Corina Machado, en la clandestinidad desde hace más de un año y recientemente galardonada con el Premio Nobel de la Paz, dijo que la muerte de Díaz "se suma a una alarmante y dolorosa cadena de fallecimientos de presos políticos detenidos en el contexto de la represión poselectoral del 28 de julio".
"Las circunstancias de estas muertes —que incluyen la negación de atención médica, condiciones inhumanas, aislamiento y torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes— revelan un patrón de represión estatal", indicó Machado en una declaración conjunta con González Urrutia.
Díaz se encontraba detenido en la sede del Sebin, un lugar descrito como un "centro de tortura" por la oposición venezolana y activistas de derechos humanos.
El abogado Gonzalo Himiob, de la ONG Foro Penal, declaró a la AFP que Díaz "había sido acusado, pero su juicio estaba paralizado". "Nosotros fuimos designados por su familia como sus representantes legales, pero el gobierno le impuso un defensor público".
Díaz "llevaba un año preso y aislado; solo permitieron una visita de su hija", indicó Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal dedicada a defender a detenidos por razones políticas.
Desde 2014 han muerto 17 presos políticos bajo la custodia del Estado venezolano, dijo Romero a la AFP. "La represión básicamente se ha convertido en un mecanismo o una estrategia del régimen para intimidar", agregó.
Según el recuento más reciente de Foro Penal, en Venezuela hay al menos 887 presos políticos.