Fiscal de Nueva York recuerda que Trump e hijos deben responder ante la corte

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, recordó este viernes que Donald Trump y sus hijos Donard Jr. e Ivanka tienen la obligación de declarar bajo juramento en un tribunal que investiga los negocios y movimientos financieros de su empresa.

James dijo que según "informes de prensa" los Trump tenían intención de apelar la decisión del juez Arthur Engoron del pasado 17 de febrero, y si bien "tienen derecho a buscar un aplazamiento, no pueden disuadirnos de dar seguimiento a los hechos y a la ley, allá donde nos lleven".

En contexto: Trump infló el valor de sus empresas, según Fiscalía de Nueva York

La fiscal, que según el expresidente usa su cargo como arma política contra él, fue rotunda: "No se equivoquen: mi oficina continuará con este caso sin trato de favor, porque nadie está por encima de la ley".

Según la orden del juez, los tres Trump deben comparecer y testificar bajo juramento en un plazo de 21 días a partir de su fallo, es decir, hasta el 10 de marzo, y tienen hasta el 3 de marzo para proporcionar documentación adicional.

El juez rechazó entonces una moción presentada por los Trump para evitar tener que testificar y defendió que la Fiscalía tiene "un claro derecho" a interrogarlos ante las abundantes pruebas de posible fraude.

Mire además: Asalto al Capitolio: Congreso de EE.UU. analiza documentos rotos por Donald Trump

La investigación trata de determinar si la compañía de Trump infló el valor de sus bienes para poder obtener préstamos bancarios y en paralelo redujo ese mismo valor con la intención de pagar menos impuestos.

Aunque se trata de un proceso por la vía civil, la Fiscalía del Distrito de Manhattan también tiene abierta una investigación penal en paralelo.

Consulte también: Partido Republicano censuró a dos legisladores por considerarlos desleales con Donald Trump

Los Trump habían tratado de bloquear las citaciones emitidas por James en el proceso civil con el argumento de que la fiscal, demócrata, tiene motivaciones políticas y busca usar el proceso para influir en la investigación penal.