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En Los Originales de La FM, se comentó sobre la nueva polémica que se está desarrollando en México en torno a las próximas elecciones judiciales que se adelantarán el próximo 1 de junio de 2025.
Todo se debe a la inclusión de Silvia Rocío Delgado García, exintegrante del equipo legal de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en la elección de jueces en Ciudad Juárez. Esta situación ha desatado un debate sobre la transparencia y el perfil de los candidatos a la nueva justicia electa.
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El próximo 1 de junio de 2025, México vivirá una jornada sin precedentes: por primera vez, jueces y magistrados serán elegidos por voto popular como parte de la reforma judicial impulsada por el gobierno federal.
Sin embargo, la postulación de Silvia Rocío Delgado García, exabogada del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, ha generado una ola de cuestionamientos que pone en el centro del debate las calidades y cualidades de los aspirantes del proceso electoral judicial.
¿Quién es Silvia Rocío Delgado García?
Silvia Rocío Delgado García, de 51 años, fue una de las representantes legales más visibles de "El Chapo" tras su captura en 2016. Su rostro apareció en medios nacionales e internacionales defendiendo a su cliente desde el penal de Ciudad Juárez.
Cabe recordar que fue Delgado García quien en su momento hizo denuncias por presuntos abusos en el Cefereso 9 y promovió un amparo para que Guzmán recibiera una cobija adicional por las bajas temperaturas y calificó la extradición del capo como “una decisión política”.
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Actualmente, su nombre aparece en la tarjetón oficial del Instituto Estatal Electoral (IEE) de Chihuahua como aspirante al cargo de jueza penal en los Juzgados de Primera Instancia y Menores Bravos Penal (de Enjuiciamiento), con el número 12.
Según la prensa internacional, la candidatura de Delgado fue propuesta por el Poder Ejecutivo estatal y aprobada por el Comité de Evaluación tras superar pruebas de idoneidad y sorteo.
No obstante, en su perfil de campaña en redes sociales, Delgado omite toda referencia a su vinculación con la defensa legal del exlíder del Cártel de Sinaloa. “Estoy convencida de que para ser juzgador no solo se requiere preparación, se requiere carácter y temple”, afirma en sus publicaciones.
De la defensa del narco a impartir justicia
El perfil de Silvia Rocío Delgado se ha vuelto emblemático de las tensiones que rodean esta elección judicial. En junio de 2023, la abogada organizó un evento titulado “Mi sexualidad sin tabú”, en el que promovía educación sexual y venta de juguetes eróticos. Aunque ese episodio no es ilegal, ha sido utilizado por sus detractores para cuestionar su ética profesional.
Según el Registro Nacional de Profesionistas, Delgado obtuvo su título de Licenciada en Derecho en 2007 en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Cuenta con una cédula profesional válida y se ha desempeñado como conferencista en temas legales y sociales.
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Sin embargo, su paso por la defensa de uno de los criminales más peligrosos y temidos en el mundo sigue pesando sobre su candidatura. Algunos sectores consideran que haber representado legalmente a “El Chapo” no debería ser una inhabilidad, ya que todo acusado tiene derecho a defensa. Otros, en cambio, lo ven como un factor que compromete la imparcialidad y la confianza pública en el sistema judicial.
Una elección judicial marcada por perfiles polémicos
La controversia en torno a Delgado no es un caso aislado. La prensa mexicana recoge denuncias de la organización Defensores A.C., sobre al menos 12 candidatos a cargos judiciales en todo el país que tienen antecedentes como vínculos con organizaciones criminales, sanciones disciplinarias e incluso investigaciones por abuso sexual.
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“Tenemos perfiles relacionados con el crimen organizado, con sectas religiosas influyentes como La Luz del Mundo, y otros con historial de violencia”, denunció Miguel Alfonso Meza, presidente de la organización, en entrevista a la prensa mexicana.
El modelo de evaluación también ha sido duramente criticado. De acuerdo con Meza, muchos aspirantes pasaron entrevistas superficiales de apenas diez minutos vía Zoom, con preguntas genéricas como “¿Qué haría usted para mejorar la justicia?”. No se hizo verificación de antecedentes penales ni disciplinarios exhaustivos, a pesar de que más de 7.000 cargos judiciales serán electos entre 2025 y 2027 en México.
