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Una jueza evalúa esta semana si acoge o rechaza el pedido de 18 meses de prisión preventiva para el expresidente peruano Martín Vizcarra solicitado por la Fiscalía, en el marco de una investigación por corrupción mientras era gobernador de la región sureña de Moquegua en 2014.
Vizcarra quien fue destituido por el Congreso en noviembre de 2020, puede convertirse en el segundo exgobernante de su país en quedar detenido, siguiendo los pasos de su antecesor, Pedro Pablo Kuczynski, quien gobernó entre 2016 y 2018.
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El destino de Vizcarra de 57 años, está en manos de la jueza María de los Ángeles Álvarez, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de delitos de corrupción de funcionarios. Esa misma funcionaria judicial le dictó en noviembre una orden cautelar de impedimento de salida del país hasta mayo de 2022.
Debido a la pandemia, la audiencia se realiza por videoconferencia y a ella asisten además de la jueza, el fiscal del caso, Germán Juárez, Vizcarra -desde su domicilio- y su abogado Fernando Ugaz.
En los últimos días el expresidente peruano Martín Vizcarra declaró ser víctima de persecusión política y que no hay argumentos para pedir su detención preventiva a raíz de esa denuncia fiscal por presunta corrupción, cuando fue gobernador de Moquegua entre 2011 y 2014.
"Hay una persecución política por un lado del del Jurado Nacional de Elecciones" y por otro, "los que se han sentido afectados con el cierre del Congreso, grupos políticos, económicos, por las medidas que hemos tomado durante mi Gobierno", dijo Vizcarra, actual candidato al Congreso por el partido Somos Perú.
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El exmandatario acusó a Juárez de "usar este pedido para afectar nuestra candidatura", a pesar de que tiene arraigo y que "todos saben dónde vivo".
"Ahora, no puede prestarse el Ministerio Público para ser parte de esta venganza política. Estamos absolutamente indignados, pero optimistas", añadió.
