Estados Unidos mantiene bajo custodia a al menos dos presuntos narcotraficantes venezolanos

Las fuerzas armadas de Estados Unidos mantienen bajo custodia a dos sobrevivientes luego de que la Marina realizara un ataque el jueves contra una embarcación que, según Washington, transportaba drogas en aguas del Caribe, informaron tres funcionarios estadounidenses con conocimiento directo del hecho a medios locales. El presidente Donald Trump confirmó el viernes la operación, que forma parte de una amplia campaña militar contra el narcotráfico en la región.

El ataque fue el sexto conocido contra presuntas narcolanchas, pero marcó un precedente: es la primera vez que una acción de este tipo no termina con la muerte de todos los tripulantes. Según fuentes citadas por CNN, la detención de los sobrevivientes representa un nuevo desafío para el Gobierno de Trump, que ahora debe definir bajo qué autoridad legal puede retenerlos y cómo proceder con ellos.

Lea además: Trump revela que Maduro ofreció “todo” para reducir tensiones entre Venezuela y EE. UU.

Durante un acto en la Casa Blanca, Trump aseguró que las fuerzas estadounidenses “atacaron un submarino transportador de drogas”, construido —según dijo— específicamente para trasladar grandes cantidades de narcóticos. “Solo para que entiendan, este no era un grupo inocente de personas”, añadió el mandatario. “No conozco a mucha gente que tenga submarinos, y eso fue un ataque a un submarino cargado de drogas”.

El presidente, que a comienzos de la semana confirmó haber autorizado a la CIA a realizar acciones encubiertas en Venezuela, volvió a referirse a Nicolás Maduro con un tono desafiante. “Él no quiere j*r con Estados Unidos**”, dijo Trump al ser consultado por reportes de que el líder venezolano habría ofrecido acceso preferencial a los recursos naturales de su país a cambio de disminuir la tensión tras los ataques estadounidenses en el Caribe.

Según fuentes del Comando Sur, que supervisa las operaciones militares en América Latina y el Caribe, Washington ha desplegado decenas de recursos navales y aéreos en la región como parte de una estrategia más amplia para “reducir el flujo de drogas hacia Estados Unidos” y ejercer presión política sobre el gobierno de Maduro. Ante las preguntas sobre el paradero de los dos detenidos, el Comando Sur remitió los comentarios a la Casa Blanca.

Debate sobre la legalidad de los ataques

El operativo ha reavivado el debate sobre la legalidad de las operaciones antinarcóticos estadounidenses. El secretario de Estado, Marco Rubio, uno de los principales impulsores de la política, sostiene que Estados Unidos tiene derecho a “hacer la guerra contra los narcoterroristas”, basándose en una interpretación amplia del Artículo II de la Constitución, que otorga al presidente poderes como comandante en jefe.

Sin embargo, expertos legales y miembros del Congreso de ambos partidos cuestionan esa justificación. Históricamente, los involucrados en el narcotráfico han sido tratados como criminales sujetos al debido proceso, y las interdicciones eran realizadas por la Guardia Costera, que arrestaba a los contrabandistas en lugar de eliminarlos con ataques militares.

No se pierda: El príncipe Andrés, hijo de la reina Isabel II, renuncia a su título real por escándalos

El exabogado del Departamento de Estado Brian Finucane advirtió que la retención de los sobrevivientes plantea un “dilema jurídico sin precedentes”, pues no está claro bajo qué marco legal pueden ser detenidos. “El Gobierno de Trump argumenta que el presidente tiene amplias facultades bajo el Artículo II, pero el Congreso nunca ha autorizado un conflicto armado contra los narcotraficantes”, señaló.

Finucane recordó que, durante la administración Bush, se intentó sostener una teoría similar para justificar detenciones militares, aunque la Corte Suprema nunca la avaló. En ese caso, el Gobierno se amparó en la autorización de 2001 para el uso de la fuerza contra Al Qaeda, un recurso que no aplica al narcotráfico.

Los dos hombres retenidos por la Marina podrían recurrir a los tribunales mediante una demanda de habeas corpus para cuestionar su detención, lo que potencialmente revelaría la opinión legal secreta en la que la administración Trump basa sus ataques en el Caribe.