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El Gobierno de Estados Unidos dio un paso significativo en el proceso de distensión con Venezuela al anunciar el levantamiento parcial de las sanciones financieras que pesaban desde 2017 sobre entidades bancarias estatales del país sudamericano.
La medida fue oficializada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, dependencia del Departamento del Tesoro, mediante la emisión de nuevas licencias que permiten a empresas y ciudadanos estadounidenses realizar operaciones con cuatro instituciones clave del sistema financiero venezolano: el Banco Central de Venezuela, el Banco de Venezuela, el Banco Digital de los Trabajadores y el Banco del Tesoro.
Aún persisten algunas restricciones
El alcance de la flexibilización es amplio, aunque no total. A partir de ahora, se habilitan operaciones como manejo de cuentas, transferencias, otorgamiento de préstamos, seguros, emisión de garantías, uso de cheques, así como transacciones mediante billeteras digitales y tarjetas. Sin embargo, el levantamiento no implica la descongelación de activos ni elimina otras restricciones vigentes, lo que confirma que se trata de un alivio selectivo y condicionado.
Esta decisión se enmarca en el nuevo escenario político venezolano tras la captura de Nicolás Maduro en un operativo militar estadounidense a comienzos de 2026, hecho que derivó en la llegada al poder de la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Desde entonces, Washington y Caracas han iniciado un proceso gradual de acercamiento.
El objetivo de la Casa Blanca es claro: permitir un reingreso controlado de Venezuela al sistema financiero internacional sin desmontar completamente el esquema de presión. Según análisis académicos, la habilitación de canales específicos (especialmente aquellos vinculados al Banco Central) podría facilitar la entrada de divisas y la negociación de contratos en sectores estratégicos como infraestructura y energía.
¿Por qué toma Washington la decisión?
El giro en la política estadounidense también responde a intereses económicos. En los últimos meses, empresas norteamericanas han mostrado creciente interés en invertir en Venezuela, especialmente tras las reformas impulsadas por el gobierno interino para abrir sectores clave como hidrocarburos y minería al capital extranjero.
En paralelo, Rodríguez ha insistido en la necesidad de eliminar completamente las sanciones para garantizar seguridad jurídica a los inversionistas, mientras intenta posicionarse como una interlocutora válida ante la comunidad internacional. Washington, por su parte, ya había dado señales previas al retirar las sanciones personales contra la mandataria, en lo que muchos interpretan como un respaldo político a su gestión.
El impacto económico podría ser inmediato. La flexibilización permitirá a Venezuela recuperar parcialmente el acceso a servicios financieros internacionales, facilitar el flujo de dólares y mejorar la capacidad de pago de salarios y compromisos internos, en un contexto de alta inflación y fragilidad económica.
