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Desde la madrugada de este sábado, entró en vigor el nuevo arancel del 10 % sobre todas las importaciones hacia Estados Unidos, una medida impulsada por el presidente Donald Trump y que ha sacudido los mercados globales.
La decisión, anunciada el pasado 2 de abril durante lo que la Casa Blanca llamó “el día de la liberación”, representa un giro en la política comercial estadounidense, afectando a 184 países, territorios y la Unión Europea.
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Este impuesto del 10 % se aplicará a todos los productos importados, con excepción de aquellos que ya estuvieran en tránsito hacia Estados Unidos antes de la medianoche. La única excepción contemplada en la orden ejecutiva firmada por Trump protege las mercancías que ya habían zarpado antes de la entrada en vigor de la medida.
Aún más preocupante para los analistas es que, a partir del 9 de abril, se aplicarán aranceles más altos a ciertos socios estratégicos: hasta un 20 % en productos europeos y hasta un 34 % en bienes provenientes de China. Esto marca una nueva etapa en la guerra comercial que Estados Unidos mantiene tanto con países aliados como con competidores tradicionales.
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La imposición de estos aranceles amenaza los principios del libre comercio que han sustentado la economía global durante décadas. Países como Canadá y China ya han respondido con medidas similares, intensificando un conflicto comercial que podría tener consecuencias económicas profundas.
En el ámbito interno, las alarmas también están encendidas. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, advirtió que esta política podría incrementar la inflación y ralentizar el crecimiento económico. Por su parte, JPMorgan Chase aumentó su estimación de una posible recesión global del 40 % al 60 %, reflejando el nerviosismo del sector financiero.
Los efectos podrían sentirse directamente en los bolsillos de los estadounidenses, especialmente los de menores ingresos. Según un estudio de la Universidad de Yale, el costo de vida podría aumentar y el capital de las familias más vulnerables podría reducirse hasta en un 5,5 %, afectando la compra de bienes esenciales como viviendas, vehículos y ropa.
Trump defende la medida como una estrategia para recuperar empleos industriales que fueron trasladados al extranjero. Sin embargo, ha reconocido que el país podría enfrentar una etapa difícil antes de ver los resultados prometidos. Analistas ya comparan esta política con la ley Smoot-Hawley de 1930, ampliamente criticada por agravar la Gran Depresión.
