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Consternado por el asesinato de dos periodistas y un chofer del diario El Comercio, secuestrados por disidentes de la exguerrilla de las Farc implicados en el narcotráfico, Ecuador busca este sábado recobrar los cadáveres mientras descarga su furia contra los asesinos.
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El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) colaborará en la recuperación de los cuerpos de los tres ecuatorianos secuestrados el 26 de marzo en la población costera de Mataje, al norte y limítrofe con el convulso departamento colombiano de Nariño, donde realizaban un reportaje sobre la violencia.
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Esos operativos suelen hacerse con mucha reserva y trasciende poca información. El jefe del CICR en Colombia, Christoph Harnisch, se anticipó a pedir comprensión sobre la "naturaleza confidencial de gran parte de la información" que se maneja en este tipo de operaciones.
"Hemos tomado contacto con organismos internacionales, la Iglesia (católica) y la Cruz Roja, para iniciar inmediatamente el proceso de localización y la repatriación de los cuerpos", dijo el presidente ecuatoriano Lenín Moreno, quien el viernes decretó cuatro días de duelo.
Por su parte, Juan Manuel Santos expresó, desde Lima, donde participa en la Cumbre de las Américas, que "ya tienen autorización para (...) ir en búsqueda de los cadáveres". "No sabemos los detalles de dónde se realizó este crimen tan atroz", añadió.
Moreno confirmó el viernes la muerte del periodista Javier Ortega (32 años), del fotógrafo Paúl Rivas (45) y del conductor Efraín Segarra (60) luego de que aparecieran encadenados y ejecutados en fotos que conmocionaron al país, remanso de paz entre Perú y Colombia, los principales productores de cocaína.
La última vez que se les vio con vida fue en un video difundido el 3 de abril, en el que aparecían con cadenas al cuello, clamando por un trato con los captores.
El CICR confirmó en un comunicado que recibió una solicitud de Colombia, Ecuador y de las familias de las víctimas para recuperar los cadáveres. Al pedido también se sumó el "grupo liderado por Guacho", agregó el organismo.
El ecuatoriano Walter Artízala, alias Guacho, lidera el frente disidente de las Farc Oliver Sinisterra, que con entre 70 y 80 hombres opera en los límites de Nariño y la provincia costera de Esmeraldas, puntos estratégicos en la ruta del Pacífico para transportar cocaína a Estados Unidos a través de Centroamérica.
Las autoridades de los dos países acusan a Guacho del triple asesinato que golpeó a la prensa de Ecuador, por lo que en conjunto ofrecen una recompensa de 230.000 dólares para lograr su captura.
A "dar con los responsables"
Tras la divulgación de las fotos de los rehenes ejecutados que no terminaron de convencer a las autoridades, Moreno había dado el jueves un plazo de doce horas para que los captores entregaran una prueba de vida, que nunca apareció.
Una vez que el ultimátum se venció, cerca del mediodía del viernes, Colombia y Ecuador emprendieron operaciones militares coordinadas en la convulsa zona fronteriza para dar con los asesinos.
Las Fuerzas Armadas ecuatorianas indicaron que en la zona de Mataje arrestaron a nueve "sospechosos" e incautaron armas y municiones.
"Del lado colombiano (...) lanzamos operaciones desde Tumaco y Cali, y así mantendremos ese despliegue coordinadamente con Ecuador a través de helicópteros, de aviones, de personal de Ejército, que permitan no solamente un control de la frontera sino dar con los responsables" del crimen, manifestó el ministro colombiano de Defensa, Luis Carlos Villegas.
El funcionario y jefes de la fuerza pública de Colombia se reunieron el viernes con Moreno en Quito para ratificar la voluntad del gobierno de Santos de cooperar en el control de la empobrecida, porosa y selvática frontera común, azotada por la violencia derivada del narcotráfico que enfrenta Colombia.
"La población pide generalmente presencia de la mano dura, militar y policial, cuando en muchos casos no sea lo más correcto (...) pero la población funciona con un sentido de venganza cuando lo que se necesita es justicia", dijo a la AFP el experto en seguridad Fernando Carrión.
El catedrático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) añadió que una política militar contra las drogas puede desatar una gran pérdida de vidas humanas, secuestros y extrema violencia como sucedió en México en el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012).
"Ecuador y Colombia deben tomar medidas y lastimosamente van a ser violentas. No es lo que se desea, pero es la decisión que se debe tomar", sostuvo Santiago Domínguez, de 27 años y estudiante de ingeniería mecánica que participó en una vigilia que decenas de personas han realizado a diario frente a la casa presidencial en Quito, ahora en reclamo de justicia.
Ecuador afronta una inusitada oleada de violencia y ataques a la fuerza pública en el área de Mataje desde enero pasado, que deja siete muertos y 42 heridos entre civiles y uniformados.
Esta violencia es una secuela del acuerdo de paz que condujo al desarme de las Farc, organización que controlaba territorios que ahora están en disputa entre desertores rebeldes y bandas de origen paramilitar.
Con información de EFE
