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El lunes pasado, el Fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, presentó una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra la presidenta Dina Boluarte por el presunto delito de cohecho pasivo impropio. La denuncia se basa en la recepción de relojes de alta gama y otras joyas por parte del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.
Según la Fiscalía, existen indicios de que Boluarte "habría incurrido en actos delictivos durante su desempeño funcional como presidenta de la República". El Ministerio Público señaló que la mandataria presuntamente recibió de Oscorima, "en calidad de donación", tres relojes Rolex valorados en US$ 18,250, US$ 26,215 y US$ 20,217, que fueron incautados desde abril pasado.
La investigación también indica que Boluarte recibió un par de aretes de oro con diamantes, valorados en US$ 5,512, y una pulsera Bangle con 94 brillantes, de US$ 9,900. Según la Fiscalía, estos obsequios fueron entregados con el propósito de que Boluarte realizara actos propios de su cargo como presidenta de la República.
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El domingo anterior, el primer ministro Gustavo Adrianzén intentó minimizar la investigación periodística del Caso Rolex en una entrevista con Panorama, sugiriendo que la apertura de una investigación basándose en publicaciones de redes sociales era intolerable. Sin embargo, la denuncia constitucional incluye 33 elementos de convicción, entre ellos el testimonio de la abogada Carmen Giordano Velásquez, amiga de la presidenta, quien aseguró haber presenciado la intención de Oscorima de entregarle al menos un Rolex a Boluarte.
Giordano declaró el pasado 6 de mayo que observó a Oscorima entregando un reloj a la presidenta en su despacho, aunque no vio la entrega final del objeto. Además, la propia Boluarte reconoció ante el Ministerio Público que Oscorima le entregó tres Rolex de manera progresiva, aunque sostuvo que estos fueron prestados para que ella pudiera lucir "relojes bonitos".
La fiscalía también cuenta con boletas de venta emitidas por la Casa Banchero a favor de Oscorima por la compra de un Rolex Datejust, un par de aretes de oro y una pulsera Bangle. Asimismo, posee el acta de allanamiento a la casa de Boluarte, donde se encontró la tarjeta de identificación de la pulsera.
Entre otros elementos de convicción, se incluye la declaración de Enrique Vílchez, exsecretario general de Palacio, quien afirmó que no era usual que Boluarte recibiera en su despacho personal a autoridades regionales o locales, lo que sugiere un trato preferencial hacia Oscorima. También se incluye el testimonio de Jéssica Camacho Medina, exdirectora general de Presupuesto Público, quien señaló presiones políticas que vinculan al entorno de la presidenta.
La denuncia también menciona decretos supremos que autorizan transferencias de partidas a favor de gobiernos regionales, incluido Ayacucho. Entre marzo de 2023 y marzo de 2024, se aprobaron 44 solicitudes de demanda adicional de presupuesto para proyectos de inversión pública del Gobierno Regional de Ayacucho, totalizando S/ 194.8 millones, lo cual podría estar relacionado con los obsequios recibidos.
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Lo que sigue
La denuncia constitucional ha sido remitida a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, presidida por la congresista Lady Camones (Alianza para el Progreso). Esta es la segunda denuncia constitucional contra Boluarte desde que asumió la presidencia, la primera fue presentada por la exfiscal de la Nación Patricia Benavides en noviembre pasado, por las muertes durante las protestas antigubernamentales de diciembre de 2022 y enero de 2023.
El gobierno de Boluarte ha interpuesto una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional para paralizar las investigaciones del Caso Rolex. El abogado constitucionalista Erick Urbina señaló que la denuncia debe esperar a que Boluarte deje el mandato, ya que durante su presidencia solo puede ser acusada por las causales previstas en el artículo 117 de la Constitución.
Por su parte, el abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi dijo a el diario El Comercio que la denuncia no prosperará, dado que el artículo 117 establece claramente las condiciones bajo las cuales un presidente puede ser acusado. Rospigliosi sugiere que una bancada parlamentaria podría usar los argumentos de la denuncia para plantear una moción de vacancia por incapacidad moral permanente, aunque considera poco probable que esto consiga los votos necesarios.
El primer ministro Gustavo Adrianzén expresó su opinión de que la subcomisión declarará improcedente la denuncia, considerándola una muestra de persecución sistemática. El cohecho pasivo impropio, delito del cual se acusa a Boluarte, está previsto en el artículo 394 del Código Penal y se sanciona con entre cuatro y seis años de cárcel, penalizando a cualquier funcionario que acepte donativos o beneficios indebidos para realizar actos propios de su cargo.
