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Las detenciones preventivas en Nicaragua podrán extenderse hasta por noventa días, tras una reforma aprobada el martes por el Congreso de mayoría oficialista, en una decisión que independientes y opositores consideran "persecutoria".
La iniciativa señala que 48 horas después de la detención de un acusado, el Ministerio Público (Fiscalía) podrá pedir al juez que amplié el plazo para investigar y mantener detenido a un imputado, si considera que necesita más tiempo para completar información.
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La reforma fue aprobada por 70 diputados del gobernante Frente Sandinista (FSLN, izquierda) y sus aliados, con 16 votos en contra.
Con esta nueva norma, el juez podrá otorgar a la Fiscalía un "plazo razonable" de investigación, el cual "no podrá ser menor de 15 días ni mayor de 90".
Eso quiere decir que "si no le caes bien a la pareja presidencial, te pueden mandar a la cárcel sin mérito alguno entre 15 y 90 días", dijo a la AFP el diputado del Partido Liberal Constitucionalista (PLC, derecha) Maximino Rodríguez.
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Sectores independientes de la sociedad civil y de organizaciones de oposición han denunciado hostigamiento por parte del gobierno del presidente socialista Daniel Ortega, en el poder desde 2007, y de su esposa, la vicepresidenta, Rosario Murillo. Sobre todo después de las protestas contra el gobierno ocurridas en 2018.
Para la dirigente del no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) Vilma Núñez, la nueva norma "se presta a una ampliación discrecional terrible y por eso es persecutoria".
Antes de esta reforma, una persona no podía ser detenida más de 48 horas sin cargos judiciales. Si la Fiscalía no encausaba en ese plazo al sospechoso, éste debía ser liberado.
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"Nicaragua es el único país que restrictivamente tiene que presentar la acusación en el corto plazo de 48 horas cuando la persona está detenida (...) lo que limita realizar una investigación exhaustiva", fundamentaron los diputados oficialistas.
La reforma "garantiza la protección de los derechos de las personas acusadas" y permite "emitir sentencias judiciales sustentadas", defendió el diputado sandinista, Emilio López en el debate.
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No obstante, el diputado opositor Rodríguez consideró que la reforma es un "retroceso" porque la legislación ya contemplaba prerrogativas para que la Fiscalía mejorara su investigación si lo necesitaba.
También contemplaba la posibilidad de dejar un caso judicial archivado hasta por un año, si no había suficiente información para procesar a una persona.
