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Un nuevo viraje en la política exterior de Estados Unidos hacia Venezuela marca uno de los movimientos más inesperados de los primeros seis meses del segundo mandato de Donald Trump. Según confirmó The Wall Street Journal, el gobierno estadounidense ha decidido reducir su presión energética contra el chavismo, reactivando la licencia que permite a la petrolera Chevron operar en territorio venezolano.
La decisión se enmarca dentro de un complejo acuerdo trilateral entre Estados Unidos, Venezuela y El Salvador, que incluye beneficios diplomáticos, humanitarios y estratégicos para cada una de las partes. Según fuentes consultadas por el diario El Mundo, la Casa Blanca obtuvo la liberación de 10 ciudadanos estadounidenses retenidos en cárceles venezolanas, entre ellos Dahud Hanid-Ortiz —acusado de un triple homicidio en Madrid—, a cambio del retorno de 252 migrantes venezolanos deportados desde EE. UU. y entregados a Nayib Bukele, quien se comprometió a encerrarlos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo.
En la "letra pequeña" del acuerdo figura la reactivación de la licencia de Chevron, un elemento clave en la economía venezolana. La compañía, que había sido obligada a cesar sus operaciones por decisión del propio Trump meses atrás, volverá a extraer y producir crudo en suelo venezolano. No obstante, las operaciones estarán sujetas a estrictas condiciones: no se podrán transferir ganancias ni pagar impuestos ni repartir dividendos al gobierno de Nicolás Maduro.
El jefe del régimen venezolano confirmó en la noche del jueves la noticia y dijo que "como le decimos a todas la firmas internacionales que trabajan en Venezuela: bienvenidos al trabajo".
“Chevron opera globalmente en cumplimiento con las leyes y regulaciones aplicables, así como con el marco de sanciones establecido por el gobierno estadounidense, incluso en Venezuela”, declaró Bill Turenne, portavoz de la compañía.
Detrás de este giro diplomático aparece el secretario de Estado Marco Rubio, quien ha asumido un rol más activo tras quedar en segundo plano frente al enviado especial Ric Grenell en negociaciones anteriores. Según Rubio, el objetivo del alivio sancionatorio es frenar la creciente influencia de China en el sector energético venezolano, ya que Beijing actualmente recibe más de 500.000 barriles diarios de crudo mediante triangulaciones con Malasia, según el analista Antonio de la Cruz.
Este cambio ha generado reacciones encontradas en el Congreso. Los legisladores cubanoamericanos Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez —conocidos como los "Locos Cubanos"— se oponen ferozmente a cualquier gesto de distensión con Caracas, y ya habían presionado exitosamente a Trump para endurecer sanciones y aplicar aranceles a la importación de petróleo venezolano.
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Pero esta vez, la estrategia de la Casa Blanca parece tener otras prioridades. “De confirmarse esta noticia, el impacto sobre la economía venezolana de cara al segundo semestre y 2026 es significativo: el sector petrolero continuaría con su racha de crecimiento y un importante flujo de divisas para el mercado cambiario y financiamiento de importaciones”, explicó el economista Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica.
Desde el ángulo político, la lectura es clara. “Esto es un tanque de oxígeno para Maduro. A menos que exista una carta debajo de la manga, es un duro golpe a la vía insurreccional e intervencionista de un sector opositor”, afirmó el politólogo Nicmer Evans, señalando las implicaciones internas del alivio petrolero para el equilibrio de poder en Venezuela.
El acuerdo se produce en un momento en que la producción petrolera venezolana ronda los 850.000 barriles diarios, y busca consolidar un escenario de estabilidad relativa mientras se acerca un nuevo ciclo electoral en el país caribeño. Entretanto, en Washington, el enfoque hacia Caracas parece entrar en una etapa de pragmatismo estratégico, pese a las tensiones internas que genera.
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