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El presidente Gustavo Petro advirtió que los delincuentes solicitados en extradición por Estados Unidos que actualmente participen en una mesa de diálogos de paz con el Gobierno no serán enviados a ese país.
“La ley colombiana establece que, si hay procesos de paz avanzados, entonces la extradición se suspende. Extradité a los 400 solicitados para quienes la Corte Suprema de Justicia emitió concepto favorable. Hay tres casos que no han sido extraditados porque están en procesos de paz avanzados, y según la ley, se puede suspender la extradición de manera condicionada”, explicó.
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Con estas declaraciones, el mandatario respondió al embajador estadounidense John McNamara, quien en la mañana pidió al gobierno Petro restablecer con urgencia las extradiciones de “todos los narcoterroristas, sin condiciones”, como una medida de seguridad binacional.
“El presidente obedece la ley colombiana, no las órdenes de gobiernos extranjeros”, enfatizó Petro, quien ha sostenido una relación tensa con Washington desde que la Casa Blanca anunció la descertificación de Colombia en la lucha contra las drogas, debido al aumento en los cultivos ilícitos, que según el informe, ya rozan las 300.000 hectáreas.
Cabe recordar que el Gobierno colombiano ya había advertido que su estrategia en materia de paz total e interdicción de drogas se mantendrá sin cambios. Es decir, seguirán suspendidas las extradiciones para quienes participen como negociadores de paz y continuará la política de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.
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“Nosotros no tenemos que enderezar ningún camino. Hemos trabajado con mucha seriedad, con mucha convicción, con nuestra propia política de lucha contra las drogas, no con la que nos impongan los Estados Unidos. Por lo tanto, no necesitamos más oportunidades ni ultimátum. Colombia lucha contra las drogas por una convicción de compromiso con los colombianos y con el mundo entero, porque hay más de 300 millones de personas que tienen problemas con las drogas. Este es un problema de convicción, no de imposición”, declaró el ministro de Justicia, Luis Eduardo Montealegre.
