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Los abogados en Miami del exministro colombiano Andrés Felipe Arias dijeron que el hecho de que la Jurisdicción Especial para la Paz haya negado la entrega a Estados Unidos del exguerrillero alías "Jesús Santrich" demuestra que “no está en vigor" un tratado de extradición bilateral.
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La no vigencia de un tratado de extradición entre Colombia y Estados Unidos es uno de los argumentos más esgrimidos por la defensa de quien fue ministro durante la Presidencia de Álvaro Uribe Vélez para evitar que Estados Unidos lo extradite a Colombia, donde en 2014 fue condenado en ausencia a 17 años y cinco meses de cárcel.
"Si hubiera un tratado de extradición en vigor, Colombia no podría rechazar la solicitud de los Estados Unidos" para que les entreguen a Santrich, dicen los abogados de Arias en una carta dirigida a la corte de Apelaciones de Atlanta.
Esa corte aún no se pronunció sobre un recurso de la defensa de Arias para frenar la extradición concedida por dos jueces de Miami.
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En la carta los abogados David Oscar Markus y Ricardo Bascuas dicen que la negativa a extraditar a Seuxis Hernández, alias "Jesús Santrich", al que definen como un "notorio narcotraficante", es el "rechazo más reciente de una solicitud importante de extradición de los Estados Unidos".
"Es solo el último de una larga serie que establece que Colombia no se considera obligada por ningún tratado de extradición y, por lo tanto, el tratado no está en vigor", añaden.
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Arias fue condenado en su país por el caso conocido como "Agro Ingreso Seguro", un programa para otorgar créditos blandos a pequeños agricultores para instalar sistemas de riego, del que se aprovecharon grandes terratenientes.
Fue detenido en agosto de 2016 cuando llevaba dos años viviendo en el sur de Florida, adonde llegó poco antes de que la Corte Suprema colombiana le condenara en 2014 y donde pidió asilo político.
La entrega de Arias depende de lo que decida la corte de Atlanta, donde tuvo su primera vista oral el pasado marzo, pues el Departamento de Estado ya ha dicho que no ejercerá su derecho a no concederla.
La Fiscalía, que representa al Gobierno de Colombia, ha insistido en la vigencia del tratado, al contrario que la defensa.
