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El Gobierno argentino oficializó, a través de un decreto, el endurecimiento de su política de migración para evitar la entrada de extranjeros que hayan cometido delitos graves y acelerar los procesos de deportación de quienes delinquen en el país.
El Ejecutivo de Mauricio Macri, que tiene en la lucha contra el narcotráfico uno de sus principales objetivos, explica en el texto que hasta ahora, ante hechos de "criminalidad organizada", el Estado ha enfrentado "severas dificultades" para concretar la expulsión de extranjeros por el largo y "complejo procedimiento recursivo".
"Si una persona viene con buenos propósitos, como marca la Constitución, para todos los hombres del mundo de buena voluntad por supuesto que las puertas en Argentina están abiertas. (...) Marcamos una diferencia entre delincuentes y personas que vienen a sumar el esfuerzo cotidiano a los argentinos", explicó el director nacional de Migraciones, Horacio José García.
Entre las causas que impedirán el ingreso de extranjeros se encuentran tener condenas o antecedentes en Argentina o el exterior por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos o tejidos, o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas.
También haber incurrido "en actos de Gobierno o de otro tipo", que constituyan genocidio, crímenes de guerra, terrorismo o delitos de lesa humanidad y de cualquier acto susceptible de ser juzgado por la Corte Penal Internacional.
El decreto incluye además a quienes hayan participado en la promoción con fines de lucro del ingreso ilegal de extranjeros o hayan presentado documentación falsa para obtener beneficios migratorios; y a los que se lucren con la prostitución o hayan sido condenados por corrupción.
Como excepciones, el Gobierno señala que podrá admitir en el país, "únicamente por razones humanitarias, de reunificación familiar o de auxilio eficaz a la justicia" en determinadas condiciones, a los extranjeros que se encuentren en algunos de esos supuestos y los que hayan cometido delitos que en Argentina no excedan los tres años de prisión.
Además, se podrá cancelar una residencia ya otorgada cuando el extranjero, entre otros supuestos, haya sido condenado, dentro o fuera del país, por delitos graves.
Actualmente, según datos oficiales, el número de inmigrantes supone más del 21 % de la población carcelaria -un número que ha crecido en los últimos años-, y respecto a los delitos vinculados al narcotráfico, el 33 % de los presos son extranjeros.
García, que detalló que en 2016 Argentina fue el país de América del Sur que más radicaciones registró -215.000 personas-, señaló que aunque los controles para prevenir delincuentes existían, "no había una política del Poder Ejecutivo" clara, y recordó "el problema grave" a la hora de expulsar a un extranjero: "un proceso eterno con plazos muy amplios".
"Ahora (con la reforma) hacemos un proceso migratorio especial en el cual hay un plazo de tres días de promedio en cada vista. Eso agiliza mucho. Se termina, por ejemplo, con la doble instancia administrativa", aclaró.
Macri adelantó recientemente que se trabajará con otros países para tener un mejor acceso a los antecedentes penales de quienes ingresen a Argentina, y vio necesario agilizar los trámites judiciales de expulsión de un inmigrante condenado.
En este sentido, el Ejecutivo presentó la pasada semana el sistema de Información Anticipada de Pasajeros, que obligará a las aerolíneas a brindar datos sobre antecedentes de los viajeros que llegan al país.
"No podemos permitir que el crimen siga eligiendo la Argentina como un lugar para delinquir", continuó el mandatario, quien además de afirmar que las medidas están encaminadas a evitar los crecientes casos de inseguridad ciudadana, aclaró que lo necesario es recibir gente que quiera "trabajar" y fomentar el desarrollo del país.
No obstante, la vicepresidenta argentina, Gabriela Michetti, rechazó este domingo que exista similitud entre la política migratoria del presidente estadounidense, Donald Trump, y la de Macri. "Hay que distinguir bien las medidas que tienen que ver con la seguridad, y otra con que Argentina es un país abierto, que siempre va a estar a favor de la diversidad," destacó.
Estos cambios, que según el Gobierno son una iniciativa consensuada con el sector más importante de la oposición, se vienen debatiendo en las últimas semanas, con críticas por parte de algunos opositores y multitud de organizaciones sociales.
Estas últimas acusaron al Gobierno de utilizar datos "sesgados" para "responsabilizar" a los extranjeros del narcotráfico, luego de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijera que llegan "peruanos y paraguayos que terminan matando por el control de la droga".
Tras conocerse el decreto, la sede de Migraciones en Buenos Aires registraba hoy el habitual ajetreo de quienes realizan trámites para renovar su residencia o establecerse en el país, como el peruano Andy Suiza.
"Los trámites son difíciles, porque te piden los antecedentes (penales) peruanos y argentinos, certificado domiciliario que es muy primordial y los 1.060 pesos (66 dólares) que tienes que tener", detalló Suiza a Efe.
La argentina Mirta Oportus se mostró de acuerdo con la decisión del Gobierno. "En el extranjero a nosotros nos piden muchos documentos para poder ir trabajar o estudiar. Por lo tanto, creo que Argentina ha sido muy blando en eso y han llegado muchos inmigrantes y no sabemos bien sus antecedentes, a qué vienen al país", concluyó.
Con información de EFE
